Por Julio Majul (*)
En estos días se ha vuelto a reformar el Código Procesal Penal entrerriano o sea, la ley en que se determina las formas que deben cumplirse para tener por válido un proceso donde se acuse de un delito a alguien.
No he leído detenidamente los cambios propuestos, pero es evidente la intención de profundizar lo que se hiciera en 2006, en base al proyecto de Julio Federik.
Quizás sea hora de analizar la realidad del delito en la actualidad, en Gualeguaychú, luego de comenzar la aplicación del Código Procesal Penal de 2006.
Trámites mucho más veloces
Hace apenas días hemos tenido un caso donde, desde que se captura a los acusados hasta que se dicta Sentencia, transcurre menos de un mes.
Y esto es lo sobresaliente del nuevo Código: permite ser mucho más expeditivo a los jueces, con el consiguiente ahorro de tiempo.
Jueces sin esquizofrenia
En vigencia del viejo Código, los jueces inevitablemente eran presa de esquizofrenia: debían recolectar las pruebas contra el imputado y a la vez garantizar su defensa. Tarea ciclópea e imposible, por supuesto.
Ahora es más humanamente posible ser un buen Juez Penal.
Quien se encarga de buscar la prueba es el Fiscal y quien juzga es el Juez, que toma en cuenta la acusación y la defensa, pero no está, además, buscando pruebas de cargo.
Otros institutos de progreso
Hay nuevas instituciones jurídicas que facilitan la rapidez en la tramitación y los buenos resultados de los procesos.
Sólo con enumerarlos alcanza para advertir la profundidad de las reformas de 2006.
La oralidad como modo de producción del proceso, rompiendo una tradición secular de procesos escriturarios, implicó en sí misma una revolución. Y si bien parece difícil asimilarla para otras ramas del Derecho, en ésta es óptima.
Otro dato positivo es que si, agotada la investigación, la Fiscalía no halla mérito para acusar, se archiven las actuaciones sin más, evitando el dispendio de tiempo que antes se perdía en buscar lo inencontrable.
Que el juicio sea oral, público y en el lugar geográfico donde se comete el delito, contribuye al conocimiento popular de las causas, con la consiguiente concientización de la seriedad de un proceso judicial.
El proceso realizado hace poco en Urdinarrain fue significativo, en tanto por primera vez la ciudad hermana pudo apreciar cómo se juzgaban actos ilícitos cometidos allí.
El Juicio Abreviado, donde la Fiscalía y la defensa acuerdan sobre los hechos y su calificación, y que el Juez revisa en su legitimidad y declara válido, es otra herramienta que permite, sobre todo, abreviar los procesos y arribar a acuerdos razonables con el presunto delincuente.
En fin, para acortar este análisis superficial, sólo mencionaré también la existencia de las instituciones que facilitan llegar a soluciones a problemas barriales o vecinales, que así se tratan efectivamente con los interesados y sin distraer recursos necesarios para otros fines.
Lo que falta es mucho
Cuando era senador se me nominó para informar sobre el proyecto del Código. Además de fundar sus bondades, me permití agregar lo que ahora refiero.
Si al Código Procesal no lo acompañan una reforma integral de la Fiscalía, de manera de garantizar que los Fiscales sean más, mejores y especializados; y la creación de una verdadera Policía Judicial, dependiente de los Fiscales y no de los oficiales policiales. Todo este cambio, aún con toda su positividad, no será bastante.
Para esto se necesita el acompañamiento monetario del poder político, claro.
Mientras los escasos recursos del Estado entrerriano se dilapiden en nombrar empleados públicos en base a lealtades partidarias, y la principal preocupación del gobernador sea su infantil sueño presidencial, es impensable modificación de fondo alguna en los terrenos de Fiscalía y Policía.
(*) Julio Majul es político, periodista y abogado. Fue senador informante en el debate por la modificación del Código Procesal Penal de Entre Ríos. (*El Argentino)