*Escenario político en Entre Ríos.
S. Urribarri, Báez, Allende, Darrichón, Vázquez, Riganti, Ballestena y Troncoso, se quedarán sin fueros, afrontando graves causas judiciales por corrupción.
24/02/2019 – Un rápido repaso de la conformación de la lista a legisladores que acompaña la precandidatura a gobernador de Gustavo Bordet, indica que muchos actuales diputados provinciales no repetirán sus mandatos. Es decir, se quedarán sin fueros, atento que son varios los que están afrontando graves causas judiciales.
Los casos más emblemáticos vinculados con causas judiciales por corrupción lo tienen al propio presidente de la Cámara de Diputados y ex gobernador, Sergio Urribarri; y los miembros de la bancada oficialista Pedro Ángel Báez, José Ángel Allende, Raúl Riganti, Juan Carlos Darrichón y Ángel Vázquez. También se encuentra en este lote el senador Departamental de La Paz, Aldo Ballestena.
Pero, no todos son Justicialistas: también está el diputado radical Ricardo Troncoso, quien debe rendir cuentas en la Justicia por contratos truchos en la legislatura. En algunos casos –como el de Allende, por citar uno- es ostensible la demora judicial si se tiene en cuenta que su causa está por cumplir casi siete años sin que se mueva demasiado y en caso de experimentar algún avance, está lejos de considerarse importante. (
Por N. M.)
Allende –que también es amo y señor de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) – es investigado por el supuesto desvío de subsidios legislativos del Estado a la Fundación Esperanza, cuya titular es su esposa; además de afrontar otra denuncia por supuesto enriquecimiento ilícito.
El expediente se abrió a comienzos de 2012 y desde entonces avanzó poco y nada. Que alcance como ejemplo de la protección judicial, recordar que Allende nunca fue siquiera convocado a justificar sus bienes, más allá del fuero legislativo.
Su compañero de bancada, el actual diputado provincial y ex intendente de Diamante, Juan Carlos Darrichón, también tiene cuentas pendientes en la Justicia. Si bien no repetirá mandato en la Cámara Baja, buscará nuevamente ser intendente de Diamante.
Él y su entonces secretario de Gobierno, Héctor Miguel Zapata, están imputados de haber incurrido en un supuesto incumplimiento de los deberes de funcionario público al omitir transferir los fondos correspondientes a aportes jubilatorios de los empleados de la comuna diamantina a la Caja de Jubilaciones de esa Municipalidad.
Una aclaración: en marzo de 2014 el Superior Tribunal de Justicia ordenó que se revea el sobreseimiento de Darrichón en esta causa, tras haber sido sobreseído en dos oportunidades. Pero, desde entonces no hubo demasiados avances. También afronta otra causa vinculada con la cesión de un terreno a través de un contrato de comodato. Pero si la anterior está casi paralizada, está ni siquiera tiene miras de avances.
Otro legislador que se quedará sin fueros es el actual diputado provincial Rubén Ángel Vázquez, que desde junio de 2005 está imputado en la causa caratulada “Vázquez, Rubén Ángel –Cogno José Luis S/ falsedad ideológica de instrumento público”.
Cuando era intendente de San Benito, Vázquez fue denunciado por la supuesta falsificación de un decreto y una notificación oficial. Junto a otras personas, fue acusado de falsificación de documento público, delito que tiene una pena de 1 a 6 años de prisión. En 2012, la Justicia pidió su desafuero, pero la Comisión de Asuntos Constitucionales, casualmente presidida en ese entonces por José Allende, lo protegió.
La nómina de legisladores oficialistas que perderán los fueros y deben afrontar causas por corrupción es más extensa. A los ya nombrados, hay que sumarle la del ex intendente de Larroque, Raúl Riganti, referente en el Departamento Gualeguaychú del diputado nacional Juan José Bahillo y del senador nacional Pedro Guillermo Guastavino.
Riganti está denunciado por supuestos sobreprecios en la obra pública (el asfaltado de calles) mientras fue intendente de Larroque.
Otro que perderá fuero es el actual senador por el Departamento La Paz, Aldo Ballestena, quien está denunciado por el supuesto delito de enriquecimiento ilícito.
La investigación se abrió tras la publicación de un informe periodístico de Daniel Enz, director de la Revista Análisis, en la que indicó que el legislador es un “nuevo millonario de la clase política”.
“El senador provincial Aldo Ballestena (PJ) es otro nuevo millonario de la clase política. Dispone de varios inmuebles en La Paz, un complejo en construcción de 24 departamentos a escasos metros del complejo termal -que está a nombre de su hija de 28 años-, campos en la zona y varios vehículos. Entre ellos, un Mercedes Benz de 60 mil dólares. Pero tiene además una fuerte injerencia en los negocios de la empresa constructora Norvial, la más beneficiada con obras en La Paz a partir de las administraciones de Sergio Urribarri”, decía la nota del pasado 27 de septiembre de Análisis.
No sólo el justicialismo tiene legisladores con causas judiciales por corrupción.
Dos empleados legislativos contratados por el diputado provincial radical Ricardo Troncoso denunciaron que desde 2015 el legislador les exige que le den casi el 70 por ciento de sus haberes para derivar los fondos a sus movimientos políticos y personales.
La denuncia se conoció a través del programa Cuestión de fondo (Canal 9 Litoral), donde se describió el perverso mecanismo instrumentado por Troncoso con diez contratados, muchos de los cuales no pisaron nunca la Cámara de Diputados, pero sirvieron a los fines del legislador oriundo de Maciá.
Aunque, desde lo simbólico por lo que es una representación institucional, los casos más emblemáticos envuelven a Sergio Urribarri y a Pedro Báez, que tienen también pedidos de desafueros en una causa por manejo irregular de la publicidad oficial, en una causa penal en la que la Justicia les decretó un embargo por 26 millones de pesos y la inhibición general de bienes, se quedan sin bancas.
En caso de no conseguir alguna banca a nivel nacional, se quedarán sin fueros absolutos y en ese caso, a principios de 2020 a más tardar debería iniciarse los juicios orales y públicos.
Ambos están imputados por la sustracción de fondos públicos y su direccionamiento a favor de empresas que se le atribuyen a Juan Pablo Aguilera, cuñado del ex mandatario, a través de contrataciones de publicidad.
Los delitos investigados consistieron en el direccionamiento de órdenes de publicidad durante 2010-2015 por un monto total de 24.204.918,69 pesos a lo largo del gobierno de Urribarri y la gestión de Báez en el Ministerio de Comunicación.
Además, están investigados por contrataciones de campañas publicitarias en vía pública a empresas vinculadas a Juan Pablo Aguilera, quien era funcionario público provincial y familiar del ex gobernador, y accedía a esa contratación por vía de procedimientos de excepción.
Otra causa que apunta a Urribarri es la investigación por el gasto de 14 millones de pesos de las arcas del Estado para montar un parador playero en Mar del Plata, en enero de 2015, cuando promocionada el “Sueño Entrerriano” para llegar a la Presidencia de la Nación.
Además, hay que ver hasta dónde evoluciona la investigación penal preparatoria de los contratos truchos en la Legislatura.
Urribarri, Báez, Allende, Darrichón, Vázquez, Riganti, Ballestena y Troncoso, se quedarán sin fueros, afrontando graves denuncias por corrupción. ¿Podrá ahora la Justicia avanzar sin contratiempos? Todo indica que así debería ser. (Análisis Digital /Pná.)
