Secuestros SRL… / Preocupa el regreso de los secuestros como práctica repetida
………………………………………
Daniel Rebagliati, la última víctima.
10/05/2015 – Cuando el empresario Daniel Rebagliati fue secuestrado, el martes 28 de abril poco antes de las 10, esa zona del primer cordón noroeste del conurbano estaba siendo poblada por policías bonaerenses, federales y agentes de inteligencia encargados de la seguridad de un acto presidencial. Cristina Fernández encabezó una ceremonia en Miguelete, San Martín, apenas un par de horas después de que los secuestradores se llevaran a Rebagliati a sólo unas 30 cuadras de allí, en la vecina localidad de Tres de Febrero. La Presidenta fue a inaugurar el Banco Nacional de Materiales Controlados del Renar, donde se ubicará el depósito de armas y municiones más grande del país, e incluyó en su discurso un tema que suele evitar: «Si tenemos una política agresiva en desarme, estamos contribuyendo al tema seguridad», dijo.
(Por Héctor Gambini, publicado en Clarín)
Ella y las autoridades que la acompañaban -la ministra de Seguridad María Cecilia Rodríguez y el ministro de Justicia Julio Alak, entre otros- ignoraban aún que en la misma zona un empresario ya llevaba un par de horas secuestrado y su familia recibía en ese mismo instante la primera de un total de 20 llamadas que se prolongarían durante ocho días, hasta el pago del rescate desde un tren en la misma zona, cerca de la estación de Santos Lugares.
Ese cercano Oeste del GBA tuvo una especial significación con la cuestión de la seguridad en los últimos días. En San Martín está la villa La Cárcova, a cuyo medio de difusión -un periódico barrial bautizado La Cárcova News– el Papa Francisco le dijo en una entrevista que creía que en la Argentina se fabricaban drogas. Y en Tres de Febrero está Ciudadela, donde este martes tres asaltantes quisieron robarle la camioneta a un hombre y lo ejecutaron de un tiro en la nuca frente a su mujer, su hija y una amiga de la nena. El crimen desató la bronca de los vecinos, que la misma noche del crimen hicieron una marcha. Ahí denunciaron por lo menos 15 hechos graves de inseguridad sólo en los últimos siete días.
San Martín y Tres de Febrero son un emblema del conurbano: zonas comerciales aglutinadas alrededor de las estaciones de tren y enormes áreas donde aún manda la marginalidad, como la Villa Pineral en Caseros o la Villa La Rana en San Martín.
Ese escenario conocido y poco modificado en los últimos años suma ahora una preocupación central en la Provincia: el regreso de los secuestros como práctica repetida. Bandas como empresas SRL. Los secuestros suelen ser el modo de financiarse y golpear al mismo tiempo de ex miembros de fuerzas de seguridad desplazados. Hay una doble lógica en la búsqueda del impacto por parte de esos grupos: generar dinero para financiar nuevos golpes o la logística de otros delitos -en su momento, los secuestros estuvieron vinculados a asaltos de piratas del asfalto o de camiones de caudales- y dañar a las autoridades que los desplazaron, en una venganza antipurga.
Una especie de delito por despecho. Si es así, es difícil entender que cada fuerza no tenga identificados y ubicados a sus ex hombres con suficientes vinculaciones y logística como para organizar estos golpes. ¿Los detienen finalmente? ¿Y quiénes son?
El que proveía las armas para la banda que secuestró al padre del futbolista Carlos Tevez, también en el Oeste del GBA, tenía su depósito en El Palomar, a pocas manzanas de la localidad de Martín Coronado, donde se llevaron al empresario Rebagliati el mismo día en que hablaba la Presidenta. En su momento se informó que la banda se dedicaba al robo de autos, y que estaba integrada por tres hombres y una mujer. Uno de los detenidos cayó adentro de la villa Los Rusos, justamente en Ciudadela. La investigación del caso estuvo a cargo del fiscal federal Paul Starc, el mismo que ahora investiga el secuestro de Rebagliati.
El funcionario no siempre tuvo finales felices en sus intervenciones ante casos de gran repercusión pública: desde la Secretaría de Investigaciones del Ministerio de Seguridad bonaerense, fue el encargado de buscar a la familia Pomar, desaparecida misteriosamente tras salir con el auto a una ruta. Starc comandó todas las fuerzas de la Provincia, matizando con declaraciones como «una hipótesis es que los Pomar hayan decidido salir del país», y abonando la teoría de que la desaparición era una acción premeditada de la familia, sin «ningún factor externo que incidiera; por eso los buscamos vivos».
Se sabe, 24 días después los Pomar fueron hallados muertos dentro de su auto, en un campo al costado de una ruta, donde habían tenido un accidente el mismo día de su desaparición. Starc debió dejar su cargo en el Ministerio tras el papelón. Quienes lo conocen dicen que desde entonces tiene un trato frío con los funcionarios de Seguridad.
El caso del despachante de aduanas de Canning que reveló Clarín el viernes agrega inquietud al mapa de los nuevos secuestros. Se lo llevaron de la Ruta 6 fingiendo un control policial. Esa ruta acaba de ser reinaugurada como autovía y miles de automovilistas comenzaron a utilizarla para unir La Plata con Cañuelas, San Vicente, Ezeiza o Canning, una zona donde florecen countries cada vez más sofisticados. Es curioso que, desde principios de año, comenzaron a verse en las banquinas de la ruta 58 o de la propia 6, en una curva que rodea a San Vicente, una docena de carcazas de autos quemados, como los que se abandonan y se incendian después de un golpe como una salidera o un secuestro. Es una zona semirrural de la Provincia -pero a pocos minutos de la Capital y de La Plata- donde no suele haber policías.
«Es una lástima porque veníamos bien», dijo un alto funcionario de la Seguridad en la Provincia, recordando que el último verano en la Costa fue uno de los más tranquilos de los últimos años y que la agenda de seguridad en aquellos meses estuvo marcado por el caso Lola, la adolescente argentina asesinada en Uruguay. Pero ni los delitos ni quienes los planifican respetan los tiempos políticos. Sobre todo si en ellos está la doble intencionalidad de hacer caja más corroer a los funcionarios de turno. Hay quienes imaginan que éste era un escenario casi previsible después de un centenar de agentes echados de la ex SIDE tras el caso Nisman, unos 40 policías federales desplazados algunos días antes de que ocurriera la muerte del fiscal y otra veintena de bonaerenses separados hace un mes con la excusa de la jubilación.
Entre esos, digamos, 160 oficiales de rango desplazados en los últimos seis meses, podría haber quienes corporicen su rencor armando bandas. Si es así, la detención de alguna de ellas no debería llevar demasiado tiempo, salvo que aún mantengan cómplices en actividad: la familia del empresario Rebagliati se quejó en privado de que la Policía no buscó a la víctima con demasiado ímpetu durante sus primeros días de cautiverio.
Otros indicios avalan a quienes sostienen las hipótesis del complot detrás de los últimos secuestros: el crimen de El Lauchón Viale, un agente de la SIDE, ocurrido en 2013 en su casa de Moreno, a manos de un grupo de oficiales del Grupo Halcón de la Bonaerense. Viale era hombre de confianza de Jaime Stiuso, que tras el crimen quedó en guerra con el jefe de los policías que lo mataron, el comisario Hugo Matzkin. La ecuación que hacen es simple: todos los hombres de Stiuso fueron echados de la Secretaría de Inteligencia. Están en la calle. Y el eterno enemigo de su jefe, Hugo Matzkin, sigue siendo el jefe de la Policía de la Provincia.
Ella y las autoridades que la acompañaban -la ministra de Seguridad María Cecilia Rodríguez y el ministro de Justicia Julio Alak, entre otros- ignoraban aún que en la misma zona un empresario ya llevaba un par de horas secuestrado y su familia recibía en ese mismo instante la primera de un total de 20 llamadas que se prolongarían durante ocho días, hasta el pago del rescate desde un tren en la misma zona, cerca de la estación de Santos Lugares.
Una especie de delito por despecho. Si es así, es difícil entender que cada fuerza no tenga identificados y ubicados a sus ex hombres con suficientes vinculaciones y logística como para organizar estos golpes. ¿Los detienen finalmente? ¿Y quiénes son?
Se sabe, 24 días después los Pomar fueron hallados muertos dentro de su auto, en un campo al costado de una ruta, donde habían tenido un accidente el mismo día de su desaparición. Starc debió dejar su cargo en el Ministerio tras el papelón. Quienes lo conocen dicen que desde entonces tiene un trato frío con los funcionarios de Seguridad.
Entre esos, digamos, 160 oficiales de rango desplazados en los últimos seis meses, podría haber quienes corporicen su rencor armando bandas. Si es así, la detención de alguna de ellas no debería llevar demasiado tiempo, salvo que aún mantengan cómplices en actividad: la familia del empresario Rebagliati se quejó en privado de que la Policía no buscó a la víctima con demasiado ímpetu durante sus primeros días de cautiverio.
