Por Atilio Benedetti (*)
En los últimos años, los argentinos nos hemos ido acostumbrando a recibir noticias sobre hechos de corrupción.
La difusión de casos de cohecho, negociados, sobreprecios en contrataciones del gobierno kirchnerista, en el país, en las provincias y en los municipios, se repiten a diario.
Abundan los personajes desconocidos que de la noche a la mañana pasan a ostentar una súbita riqueza a pesar de que la única ocupación que pueden mostrar es la función pública.
La Argentina se fundó y se desarrolló en base a otros valores. La honestidad, el esfuerzo, la dedicación y el trabajo han sido los pilares de una Nación que nos ha enorgullecido.
Por eso, no podemos permitir que lo que antes nos indignaba y escandalizaba pase a estar dentro de los límites de nuestra tolerancia.
Instituciones
Debemos preservar y consolidar las instituciones que velan por el cumplimiento de la ley. La Justicia y los organismos de control deben ser ámbitos sagrados de la República, lejos de las especulaciones político-partidarias o de las influencias de los gobiernos de turno.
A nivel nacional todos los días tenemos un nuevo ejemplo que confirma que la corrupción ha sido para este gobierno una cuestión de Estado, un fin por el cual por una parte financia su proyecto populista y por otro asegura enriquecimientos ilícitos de testaferros y funcionarios.
El caso emblemático de Ricardo Jaime y su obsceno enriquecimiento desde los negociados en la Secretaría de Transporte, y el más importante por su investidura: el del vicepresidente Boudou y a través de la empresa Ciccone, por citar sólo algunos ejemplos, son muestras acabadas de cómo en todos estos años la corrupción se ha ensañado con nuestro país.
Por suerte este gobierno se termina y será necesario que el próximo, a partir del 2015, pueda juzgar y castigar a quienes han lucrado con el Estado.
En la provincia
En nuestros municipios entrerrianos nuestros concejales denuncian periódicamente hechos sospechados de corrupción, como ocurrió en el último tiempo en Santa Elena y Larroque a través de intentos de ventas de terrenos municipales.
Y a nivel provincial la propuesta del gobernador Sergio Urribarri de designar un hombre del oficialismo y de su estrecha confianza en el Tribunal de Cuentas de la provincia es otro hecho de enorme irregularidad y por lo menos genera muchas sospechas.
A pesar de que la Constitución entrerriana establece que el nombramiento en ese importante órgano de control de las cuentas públicas se debe hacer “previo concurso público”, en base a una terna y ante un jurado compuesto por sectores académicos y de la sociedad civil, Urribarri prefirió nominar a un amigo suyo, actual ministro de Trabajo, argumentando que ese artículo de la Constitución no está reglamentado.
Es decir, el gobierno que entrega seis millones de pesos a fábricas de cosechadoras que no existen y será controlado por uno de los suyos, al igual que a los hechos de corrupción de sus intendentes amigos.
El pliego del nombramiento de Smaldone tomó estado parlamentario en el Senado, donde todas las bancas están ocupadas por el oficialismo así que la aprobación está asegurada.
No podemos permitir que nos gane la corrupción y que lo que debiera ser una excepción, un hecho aislado y poco frecuente no sea un modo de vida ni una forma de gobernar o hacer política.
(*) Diputado nacional mandato cumplido y dirigente de la Unión Cívica Radical.
