El ex secretario de Justicia fue muy crítico… Virué reclamó “un análisis más profundo” al interior del sistema judicial entrerriano
13/09/2016 – El ex secretario de Justicia de la provincia, Rubén Virué, afirmó que “hace falta un análisis más profundo” al interior del sistema judicial entrerriano, valoró la labor del Consejo de la Magistratura y ciertos aspectos del nuevo Código Procesal Penal que implicaron “un avance” aunque también criticó algunas particularidades del juicio abreviado. Al respecto, afirmó que “el nuevo sistema no es una panacea absoluta”. También refirió que “hubo un incremento exponencial de presupuesto y recursos humanos en los últimos años” pero aclaró que “hay que analizar si significó una mejor calidad del sistema de Justicia”.
Por otra parte, reiteró sus denuncias contra el ex intendente de Larroque, Raúl Riganti, y recordó que “cuando era su vice intendente patrociné una denuncia por usura y enriquecimiento ilícito contra el secretario de Gobierno, Leonardo Hassell, y el secretario de Hacienda, Norberto Marchesini”. También aseguró que una auditoría probó que “Riganti firmaba cheques como presidente municipal en el anverso, y al dorso los endosaba para depositarlos en la cuenta de su empresa personal Radom S.A”, con lo cual consideró que “la gestión municipal actual tiene la obligación de efectuar las denuncias que corresponden”.
En declaraciones realizadas al programa televisivo Fuera de Juego Virué se refirió a la situación de la Justicia entrerriana dijo que le “parece bien que las denuncias se investiguen, que se abran procesos cuando determinadas personas hacen denuncias con determinados fundamentos que podrían poner en riesgo la continuidad de una persona en la justicia, para eso están las instituciones, y lo bueno es que cualquier situación que se genere ya sea por denuncia periodística o de cualquier ciudadano merezca la investigación correspondiente”.
“En el caso concreto de juicio político al vocal Chiara Díaz hay una situación de rechazo y también el ex senador Alasino tiene un planteo de amparo que fue rechazado en Concordia y que ahora será resuelto por la Sala Penal y de Asuntos Constitucionales, adonde se han recusado los miembros también, así que en hora buena que el sistema funcione”, definió.
Señaló que “en este periodo constitucional que se inicia en el ´83, si bien no hubo ninguna destitución de ningún miembro del Superior Tribunal de Justicia si se destituyó a jueces a través de jurado de enjuiciamiento”.
Consideró que “hace falta un análisis más profundo” al interior de la Justicia pero destacó que “el Consejo de la Magistratura significó un avance en la cuestión de aspectos técnicos y la evaluación completa que se hace de los postulantes que después terminan en cargos de la Justicia, con excepción de los cargos del STJ, el procurador General y el defensor General”.
También sostuvo que “también el Consejo de la Magistratura permitió una consolidación en el acceso de los cargos de aquellos que tienen antigüedad en la Justicia, por una razón práctica que es el profesional que compite en un concurso está con los vencimiento de plazos y ganándose el puchero de todos los días; en cambio, quienes están dentro del Poder Judicial en un cargo inferior o interino tienen una mayor profundidad en el trato diario con las cuestiones además de la posibilidad de sacar licencias que le permiten llegar al examen en mejores condiciones que los abogados que están el a profesión”.
Aseguró que “el nuevo Código Procesal Penal ha significado un avance y también ha significado algunas críticas por parte de los profesionales del derecho, porque es cierto que el procedimiento acusatorio ha determinado algunos mecanismos inquisitivos que condicionan al justiciable para aceptar juicios abreviados y evitar una instancia del juicio oral donde siempre aparece la posibilidad de una pena agravada”.
Al respecto, reveló que “uno de los principales reclamos que los ciudadanos hacían cuando estuve a cargo de la Secretaría de Justicia, era este manejo al que calificaban de carácter casi extorsivo, donde se le imponía una presión para que acepten una pena menor y evitar así la instancia oral, lo cual también generó una queja del Colegio de Abogados”.
Agregó que “la concepción del juicio abreviado es para aplicar en casos de delitos menores, pero ha mejorado notablemente las estadísticas que exhibe el Poder Judicial de la provincia en cuanto a la resolución de causas, en eso ha significado un avance pero también hay que tener en cuenta que en muchos casos ha significado una restricción de las garantías que la Constitución le asegura a cualquier ciudadano; entonces el nuevo sistema no es una panacea absoluta”.
Al ser consultado por la falta de resolución de muchos casos de importancia, Virué señaló que “en la provincia el Poder Judicial ha tenido un crecimiento exponencial de su presupuesto en los últimos años” y puntualizó que “en 2010 tenía un presupuesto de 216 millones de pesos y para el 2016 es de 1840 millones, lo que significa que se multiplicó por nueve en seis años y en términos del presupuesto provincial incrementó más de un 50 por ciento”.
En ese sentido, dijo que “el Ministerio Público Fiscal tuvo un incremento descomunal en los últimos años y están planteando un nuevo incremento para el año que viene, y es una cuestión para discutir si esto significa una mayor calidad de la Justicia”. También comparó la situación con el resto del país y aseveró que “Entre Ríos está en el podio, junto con la Ciudad Autónoma y el Pode Judicial de la Nación, en materia de salarios; incluso mejor que Santa Fe y muy por arriba de Córdoba”.
Para dar más ejemplos, afirmó que “todo el departamento judicial de La Matanza, con una población de 1.800.000 habitantes, se atiende con 42 integrantes del Ministerio Público Fiscal, incluidas las unidades centralizadas; mientras Paraná con una población de 340.000 habitantes tiene entre fiscales generales de coordinación, agentes fiscales, fiscales auxiliares más procurador y dos sub procuradores tiene 34 personas, y todos ubicados en la ciudad de Paraná”.
Analizó que “hubo un incremento exponencial de los recursos humanos en el Poder Judicial, pero la pregunta es si esto significó un mejor servicio de Justicia”. “Fue una mejora de las estadísticas, pero eso encierra una realidad o no”, se preguntó. Respuesta a las críticas de Riganti
En otro orden de temas, el ex secretario de Justicia de la provincia respondió las duras declaraciones que realizó el ex intendente de Larroque, Raúl Riganti, quien habló de un “trasfondo político” en las acusaciones en su contra y aseguró que Virué “está en una interna, porque fue en las PASO contra mi esposa y perdió y luego fue a una interna con su grupo político contra nuestro candidato y también perdió por 70 a 30”. “Viene discutiendo dentro del peronismo cuando le conviene y cuando no, fue auditor de Cambiemos”, fustigó Riganti.
Al respecto desmintió haber realizado “una denuncia contra el ex intendente en particular” aunque admitió que “cuando era su vice intendente patrociné una denuncia por usura y enriquecimiento ilícito contra dos de sus secretarios: el secretario de Gobierno, Leonardo Hassell, y el secretario de Hacienda, Norberto Marchesini”. “Le advertí que estaban cambiando cheques a tasas usurarias en el despacho contiguo al suyo, y siendo vice intendente de Larroque hice la denuncia en junio de 2011, pero nunca hice una denuncia por un tema de obras públicas”, sentenció.
Recordó que “Riganti y su secretario de Gobierno querellaron a los concejales del radicalismo, que salieron absueltos, y a su vez los ediles los denunciaron a ambos por una excepción a una ordenanza sobre subdivisión de terrenos” y rememoró también la realización de una auditoría.
“Esa tarea terminó con la entrega del informe, con un adelanto que se hizo a mediados de enero, el informe final se entregó en marzo y después el tema quedó en manos de la autoridad municipal que recibe un informe con una serie de irregularidades de las cuales una sola se denunció en la Justicia, que es la famosa causa por las 14 cuadras de asfalto”.
“No tengo ningún contacto con la gestión comunal de Larroque en este momento”, afirmó Virué quien también manifestó su “molestia” de que “luego de haber realizado un importante trabajo de tres meses no se haya llevado en su totalidad a la investigación judicial”. “Desconozco como sigue el trámite, y esto es una responsabilidad de la Municipalidad, que si no le presta atención a la causa tendrá que asumir la actual gestión las consecuencias de su omisión”, afirmó.
Y volvió a denunciar que “también tendrán que asumir las consecuencias de omitir denuncias de gravedad, ya que hemos probado con documentos solicitados al Banco de Entre Ríos sucursal Larroque, que el intendente Riganti firmaba cheques como presidente municipal en el anverso, y al dorso los endosaba para depositarlos en la cuenta de su empresa personal Radom S.A”. “Se tomó un muestreo de 15 cheques, de los cuales 14 terminaron en la cuenta de esa empresa, lo que implica en tres meses de 2014 unos 240 mil pesos”, afirmó.
“La gestión municipal actual tiene la obligación, porque se lo impone la Constitución, de efectuar las denuncias que corresponden, porque para eso se hizo la auditoría”, concluyó.
Respuesta a las críticas de Riganti
