PARANÁ – Seguramente a nadie le llamaría la atención que se publique que a una localidad como Larroque le envíen fondos para el asfaltado de 14 de sus calles. Tampoco nadie prestaría atención en los montos debido a la“insignificancia” de la obra.

Pero allí estaba precisamente la trampa. Si lo mismo se repetía en otras cientos de ciudades como Larroque a lo largo y ancho del país a las que se les enviaban obras de la misma “insignificancia”, los montos así multiplicados representan millones y millones de pesos sobre facturados que pasaban desapercibidos.

Esas eran las denominadas «obras enlatadas” que se enviaban desde el Ministerio de Planificación de la Nación, que por entonces estaba a cargo de Julio De Vido. Las mismas generalmente consistían en obras medianas destinadas principalmente al arreglo de calles y también a obras hidráulicas. El método era siempre el mismo y en casi todos los casos las adjudicaciones de las obras se hacían a las mismas empresas que contaban con contactos en el referido ministerio que les adelantaban que obra se llevaría a cabo.

En el caso de Larroque, la «obra enlatada” correspondía al asfaltado de 14 cuadras, para lo cual se destinó un monto de $22 millones; es decir casi $1,6 millón por cuadra, cuando en la misma época el asfaltado de calles en ciudades de la misma provincia costaban no más de $ 250.000 por cuadra. De tal modo, según los cálculos de las nuevas autoridades de la ciudad, la obra por el asfalto de las 14 cuadras no debería haber costado más de $3,5 millones.

Ante tan irregular situación, el nuevo intendente de Larroque, que pertenece al frente Cambiemos, Darío Benedetti, a los pocos días de asumir encomendó una auditoría general para investigar el tema y, a partir de entonces, comenzaron a surgir irregularidades asombrosas, según detalla la web Portal Larroque, y que ponen en evidencia el grado de impunidad que existía para poder llevar adelante estas maniobras.

La auditoría, entre otras cuestiones, señala que llama la atención la injustificada decisión de realizar un concurso de precios, cuando la legislación municipal establece que debía llamarse a licitación, tal como corresponde a toda obra que supera la cifra establecida que, actualizada a 2015, corresponde a $250.000.

La lista de anomalías incluye

> la decisión de contratar sólo con empresas de la capital provincial, Paraná, que ni siquiera se inscribieron como proveedores municipales;

> la adjudicación a la única de las 3 que no tenía antecedentes en pavimento, a la que, en generoso gesto, el mismo día que firma el contrato, se le paga un cheque por $ 5 millones como adelanto;

> la presentación de planos correspondientes a la planta urbana otra localidad en lugar de Larroque (que además, cuentan con la firma del subsecretario de Obras Públicas y Planeamiento);

> facturas emitidas antes de firmar el contrato;

> exclusión sin explicaciones de las empresas de la zona para ofrecerle la obra solamente a empresas de Paraná;

> elección de los tribunales de la capital provincial como ámbito de resolución de controversias, cuando el que corresponde es el de los tribunales de Gualeguaychú;

> empresas que presentan constancias vencidas de ATER y AFIP;

> actos administrativos realizados sin el aval de los funcionarios correspondientes (inicio lde obras sin intervención de Obras Públicas; instrumentos legales firmados sin que dictamine la Dirección de Asuntos Legales);

> demoras injustificables y otros sucesos muy llamativos.

Otro “detalle” que se desprende del informe de la auditoría muestra que la empresa que resultó ganadora del concurso de precios, contrató el seguro de caución por mantenimiento de oferta 54 días antes de que se firmara el Decreto. Es decir: casi 2 meses antes de que se llamara al Concurso de Precios y se fijara el presupuesto oficial.

¿Cómo se explica algo semejante?

¿Cómo sabía la empresa OIC S.A., el 17/04/2015, que la Municipalidad convocaría el 11/06/2015 a un concurso de precios para construir 14 cuadras de asfalto y con un presupuesto oficial de $21.645.121,95, tal como para contratar el seguro del 1% exacto, calculado sobre ese presupuesto que aún no se conocía?

Cosa ‘e mandinga…

Por otro lado la gestión municipal anterior ya le pagó a la empresa constructora $ 8 millones pero esta reclama ahora que se le abonen los $ 13 millones restantes, tal como decía el contrato de la obra.

Los responsables de la auditoría proponen declarar lesivos los actos del anterior intendente, Raúl Riganti (FpV), y frenar los pagos a la empresa OIC S.A., hasta que la justicia determine si hubo sobreprecios y otros delitos en la adjudicación de esta obra.

El caso Larroque es tan grosero y patético, que si realmente existiera una Justicia de verdad en Entre Ríos, o fiscales con los atributos suficientes, no debería pasar 1 solo día sin que se inicie u ordene una investigación de oficio.

Por eso muchos dicen que en Entre Ríos en lugar de tener un Procurador General que se encargue de investigar, lo que existe es un “encubridor general”, que mira para otro lado ante cada latrocinio que se descubre en detrimento de toda la sociedad.

Sin embargo… y acá viene lo más curioso, Urgente24 pudo corroborar, en base a 2 fuentes altamente fidedignas que, desde algún sector de Cambiemos, se estarían haciendo gestiones para que se habilite dicho pago a la empresa OIC SA debido a que, según el trascendido, alguien se habría ocupado de reclamar en nombre de OIC S.A. un supuesto resarcimiento por una contribución financiera que ocurrió durante la campaña electoral pasada.

Si bien los militantes de Cambiemos insisten en la honestidad de sus funcionarios, abundan los rumores de supuestas contradicciones entre la realidad y el relato que no es K. Es más: hay quienes pretenden comenzar a especular sobre la kirchnerización de Cambiemos. ¿Será cierto?

De confirmarse la versión, y fundamentalmente si se hace efectiva, llevaría las buenas intenciones del nuevo intendente de Larroque y de todos quienes llevaron adelante la auditoría a fojas 0, y pondría un enorme signo de interrogación acerca de si realmente algo cambiará en materia de transparencia en la obra pública y será al mismo tiempo un nuevo engaño a la ciudadanía en general.