El organismo que dirige Laura Alonso calificó de “confuso” el motivo por el cual se le otorgó a Etchevehere un bono “en concepto de honorarios por ‘los servicios prestados’ como presidente saliente” de la Sociedad Rural y advirtió que la recepción de esa compensación “no resultó acorde con las pautas y deberes de comportamiento contenidos en las normas sobre ética pública”.
Si bien la Oficina Anticorrupción admitió que “el pago de la retribución excepcional y las circunstancias que lo rodearon tuvieron lugar antes de la designación formal” de Etchevehere al frente del Ministerio de Agroindustria de la Nación, “no puede dejar de advertirse que, en dicho momento, Etchevehere ya había sido propuesto para el cargo y se encontraba en trámite su nombramiento”. Para ser más claros: el pago fue realizado –y recibido– el 16 de noviembre de 2017, luego de que se anunciara su designación.
En el dictamen (ver adjunto) se menciona además que previo a su asunción Etchevehere le hizo una consulta informal a Alonso en la que el ministro “refirió a la percepción de honorarios pendientes”, no a una “retribución excepcional” como se dijo después; y que la titular de la Oficina Anticorrupción le respondió que “podía recibir dinero de la Sociedad Rural Argentina si era en concepto de tareas que hubiera realizado en el ‘pasado’, en forma previa al ejercicio de su función como ministro”. Se aclaró además que “en ningún momento se autorizó la percepción de una retribución extraordinaria”.
En su descargo ante la Oficina Anticorrupción, Etchevehere adjuntó las copias de las actas de la comisión directiva de la Sociedad Rural en las que se aceptó su renuncia y se resolvió la concesión de bono. En su alegato explicó: “Fue en el marco de tal renuncia que –en el contexto de una votación de sus miembros– resolvió liquidar los honorarios correspondientes a mi gestión al frente de ella, evitando así cualquier conflicto de intereses que pudiera suscitarse al momento de asumir como ministro”.
Lo curioso del caso, como lo admitió luego la propia Sociedad Rural, es que la retribución obedeció a “los servicios prestados y su excepcional desempeño como presidente” de la entidad, pero que en el pasado no se han otorgado retribuciones similares hacia otras autoridades, aunque sí se han “abonado en los últimos años retribuciones o gratificaciones excepcionales a varias personas que prestaron servicios en la entidad (empleados y gerentes) en ocasión de su egreso”.
Sin embargo, cuando se pidió un detalle de esas otras “retribuciones o gratificaciones excepcionales”, la entidad “informó sólo sobre una única gratificación especial y voluntaria otorgada en el año 2001 a un Gerente General –con 53 años de desempeño en la institución bajo la modalidad de contrato de trabajo– con motivo de su cese y en reconocimiento ‘por los valiosos servicios prestados a la entidad’”, de lo que se infiere que no se trata de una “práctica habitual” por parte de la Sociedad Rural.
Dos conclusiones expuso el dictamen: en primer lugar, “se deben evitar acciones que pudieran poner en riesgo la finalidad de la función pública, el patrimonio del Estado o la imagen que debe tener la sociedad respecto de sus servidores”; y segundo, Etchevehere “debe abstenerse de intervenir en ejercicio de la gestión pública, en cuestiones particularmente relacionadas con la Sociedad Rural Argentina”.
Finalmente, la Oficina Anticorrupción dispuso el archivo de las actuaciones, porque Etchevehere anunció que había devuelto los fondos.
No obstante, el dictamen fue remitido al juez Marcelo Martínez de Giorgi, que tiene a su cargo una causa por posibles delitos de dádivas, negocios incompatibles con la función en el Estado y administración fraudulenta. (Página Judicial)
