Puerto Ruíz en alertaLos gobiernos insisten con la instalación de un área industrial en la costa del Gualeguay.
14/04/2017 – Victorio Gualtieri es propietario de la empresa que pretende instalar el Parque Industrial en humedales.
Tal como lo denunció la Revista Análisis el año pasado, los gobiernos de Gualeguay y el de la Nación pretenden establecer un área industrial en la costa del Río Gualeguay en las inmediaciones de Puerto Ruíz. Esto es resistido por organizaciones socio-ambientales y la comunidad en general que habían logrado frenar el proceso un tiempo. A pesar de esto, las autoridades convocaron a una audiencia pública con importantes irregularidades para conseguir la «legitimación» de la comunidad.
La fundación M’Biguá impugnó la realización de la misma programada para el próximo lunes. Cabe recordar que el megaemprendimiento tiene detrás a Victorio Gualtieri, empresario ligado a la patria contratista de la década menemista y condenado por negociados ligados al Estado.
El polémico proyecto de la empresa La Forestal S.A, que consiste en la instalación de una planta de generación de energía eléctrica mediante la utilización de biomasa forestal, en Puerto Ruiz (Gualeguay), no había conseguido calificar para el Ministerio de Energía de la Nación. Sin embargo, sus impulsores -privados y autoridades públicas- lograron que se pueda avanzar y convocaron para este lunes una audiencia pública plagada de irregularidades.
Fundación M´Biguá Ciudadanía y Justicia Ambiental ya elevó la impugnación de la audiencia pública convocada para este lunes 17 de abril por la Municipalidad de Gualeguay, que tiene como horizonte ofrecer consenso a la instalación de una Central de Generación de Energía con Biomasa Forestal, en Puerto Ruiz, a nueve kilómetros de Gualeguay.
La ONG solicita se deje sin efecto la audiencia pública atento «las graves irregularidades» que presenta la convocatoria a la misma.
En octubre de 2016 se dio a conocer la resolución del Ministerio de Energía y Minería de la Nación que definía los proyectos que calificaban y los que no, en el marco de las leyes de fomento al uso de energías renovables y el Programa RenoVar del Gobierno Nacional.
En ese contexto se echó por tierra la aspiración de financiamiento que perseguía el proyecto de la empresa Frontera S.A. (del grupo La Forestal S.A), que consistía en la instalación de una planta de generación de energía eléctrica mediante la utilización de biomasa forestal, en Puerto Ruiz.
La instalación de un área industrial a orillas del río Gualeguay y en el corazón del Delta entrerriano, había provocado la reacción de vecinos y organizaciones ambientales, entre ellas M´Biguá Ciudadanía y Justicia Ambiental, que el 28 de septiembre de 2016 había elevado una solicitud de información pública ambiental a la Secretaria de Ambiente de la provincia de Entre Ríos.
No obstante la negativa de financiación a través del programa nacional, la iniciativa de la empresa siguió su curso y días atrás se conoció el llamado a audiencia pública por parte del Municipio de Gualeguay a través del Decreto Nro. 381/17, con fecha 3 de abril, el que fue publicado días después y solamente, en un medio de comunicación de Gualeguay.
En ese marco, este miércoles 12 de abril Fundación M´Biguá en compañía de vecinos de Gualeguay, elevaron la impugnación de la convocatoria tanto a la Secretaría de Ambiente de la provincia como a la Municipalidad de Gualeguay.
Concretamente, peticionaron que “se deje sin efecto la convocatoria a audiencia pública realizada para el día 17 del corriente mes en las instalaciones del Teatro Italia, de la Ciudad de Gualeguay, atento las graves irregularidades que presenta la misma”.
En ese sentido, M´Biguá subraya la errónea interpretación que realiza la Secretaría de Ambiente de la provincia sobre sus propias obligaciones en relación a la emisión del Certificado de Aptitud Ambiental – paso posterior a la participación ciudadana y el análisis de los Estudios de Impacto Ambiental- que el organismo provincial delega a organismos municipales sin “exigir a la empresa Frontera SA estudios más abarcativos o acumulativos de todo el conjunto de emprendimientos anunciados (central de biomasa, nueva área industrial y ampliación portuaria) para un área particularmente sensible por ser de humedales” y donde la propia provincia y el Municipio, no acompañan sus propios estudios de impactos ambientales, en consideración a la diversidad de proyectos públicos-privados anunciados por diversos medios de comunicación social por las máximas autoridades ejecutivas.
En esa dirección, M´Biguá advierte que “los estudios demuestran por sí mismos que se utilizarán bienes provenientes de forestaciones tanto exóticas como nativas, alto caudal de circulación de camiones por rutas y caminos al igual que barcazas por el tramo final del río Gualeguay en su desembocadura con el valle aluvial del río Paraná, posibles dragados, obras públicas y privadas varias”; significando ello un fuerte impacto en el ambiente de Puerto Ruiz y toda la región en su conjunto.
Además, en la impugnación se pone de manifiesto el “escaso tiempo de acceso y análisis de información técnica con el que cuentan los vecinos de Gualeguay, como de toda la región y Provincia, para estudiar, comprender y entender el proyecto sobre cuya viabilidad en términos de ‘licencia social’ deberán aceptar o rechazar”.
¿Quién es Gualtieri?
La única concejal de Cambiemos que, en su momento, votó contra el proyecto en la legislatura de Gualeguay, Marina Petroff (UCR), se basó en los antecedentes de Victorio Gualtieri. Dicho empresario, ligado al grupo de la patria contratista en la década menemista, fue condenado a dos años de prisión por el delito de “obtención fraudulenta de beneficios fiscales” en 2014.
La Justicia logró probar que Gualtieri utilizó un régimen de promoción industrial para lograr las autorizaciones necesarias y de esa manera obtener diferimiento en el pago de IVA y ganancias por 4,5 millones de pesos a en base a inversiones que fueron consideradas simuladas. Un fraude al Estado y todos los ciudadanos argentinos que se consagra con la evasión.
Pero esa no es la única causa que ha recaído contra el ‘prospero’ capitalista amigo del poder: en 2003 fue detenido y acusado por «contrabando simple» y «tenencia de explosivos sin autorización». Luego, fue liberado hoy por el juez Federal pampeano, Pedro Zabala, previo pago de una caución de 50 mil pesos. La causa se había iniciado en el 2000, cuando un hombre halló un contenedor lleno de explosivos y detonadores que los constructores del gran acueducto del río Colorado habían abandonado en un paraje desolado de la localidad de Cuchillo Có, en el sur patagónico.
Es este empresario, amigo del poder y de la evasión fiscal, el que pretende instalar un parque industrial en zona de humedales de Puerto Ruiz para llevarse sus ganancias a sus cuentas a costa de la afectación de la biodiversidad del lugar y con importantes consecuencias medioambientales de contaminación del Río Gualeguay. Frigerio, Bordet y Bodgan dieron su visto bueno al emprendimiento del polémico capitalista.
14/04/2017 – Victorio Gualtieri es propietario de la empresa que pretende instalar el Parque Industrial en humedales.