Informe de la Auditoría General de la Nación
Se comprobó que varios artículos no fueron reglamentados y que cada provincia interpretó la norma a su antojo.
No se trató sólo de una conquista cívica. Fue también el surgimiento de una legislación de vanguardia para una materia con atraso en la Argentina: los derechos de la naturaleza. En el año 2007, el Congreso sancionó la ley de bosques, buscando poner freno a los desmontes por la expansión de la frontera agrícola. Se suponía que la norma iba a detener la pérdida incesante de superficie boscosa en todo el país; se suponía como se suponen las cosas, cuando manda el sentido común. Pero nada de eso ocurrió: hace un año se confirmó de manera oficial que la tala indiscriminada siguió aumentando. Y ahora, un informe de la Auditoría General de la Nación acaba de revelar algo peor: que la ley nació muerta, es decir, que prácticamente no se aplicó.
El organismo investigó qué pasó con la implementación de la Ley 26.331 desde 2007 hasta junio de 2013. Comprobó que la mayoría de los artículos no fueron reglamentados y que en todos estos años cada provincia los interpretó a su antojo. Además de grave, esto es clave para entender porqué, según datos de la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación, entre 2007 y 2011, se perdieron dos millones de hectáreas que debían estar protegidas. Cuando se pierden ecosistemas forestales, se pierden también los servicios ambientales que esas áreas otorgan: calidad de suelos, mitigación de los efectos del cambio climático, oxígeno y especies animales y vegetales, entre otras cosas.
La auditoría asegura que muchos de los ordenamientos territoriales que exigía la ley –imprescindibles para saber dónde se permitía desmontar y dónde no– “no se ajustan a lo establecido”. Además, que seis provincias –Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, La Rioja y Santa Fe– directamente no los hicieron. Destaca los casos de Salta y Santiago del Estero. “Del examen realizado en esas juridicciones, se concluye que la aplicación de la ley fue muy baja. Esto se desprende por la persistencia de deforestación en estas provincias sobre zonas donde debía estar prohibido”, dice el estudio.
Otra conclusión: “El financiamiento previsto ha sido inferior al establecido en la Ley. El presupuesto asignado representó entre el 12, 2% y el 36,5% del que correspondería. El mecanismo de rendición de cuentas implementado por la Jefatura de Gabinete de Ministros debe ser revisado, ya que resulta ineficiente y provoca demoras en la recepción de los fondos para las provincias y en la ejecución de los planes”.
Consultado por Clarín, el Auditor General, Alejandro Nieva, dijo: ¨Esta auditoría muestra como, a pesar de la existencia de una buena ley, la mala gestión y un deliberado descuido de los gobiernos nacionales y provinciales permiten que se sigan desmontando y degradando nuestros bosques. Un ejemplo muy grosero tiene que ver con autorizaciones indiscriminadas de tala sin los requisitos de audiencias públicas y consultas previas”.
El informe también señala que es imprescindible que se termine el Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas –otro censo no terminado por el Estado– “dado que la conservación y aprovechamiento de los bosques nativos están estrechamente vinculados a los conflictos por la tenencia de la tierra”. En ese sentido, el Presidente de la Auditoría, Leandro Despouy, expresó: “El informe que aprobamos -expresó- señala la necesidad de completar el relevamiento de comunidades indígenas. Por los desalojos vinculados a los desmontes en el interior del país, hay comunidades que llegaron hasta la Corte Suprema requiriendo la aplicación de la ley de bosques”.
Las conclusiones del informe apuntalan lo que vienen denunciando desde hace tiempo diferentes organizaciones ambientales locales e internacionales. “En Salta el gobernador Urtubey sigue la política de tierra arrasada de su antecesor Romero. Cambia la ley a pedido de terratenientes y autoriza desmontes donde no se permite”, opinó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace. “Esta auditoría explica lo que venimos denunciando desde hace tiempo, la tala ilegal que afectará a comunidades indígenas y a especies amenazadas como el yaguareté y el oso hormiguero. Es muy preocupante la violación de la ley que el Gobierno Nacional permite y que promueven Salta, Santiago del Estero y Neuquén, entre otras provincias”. (Fuente – Clarín)
