Justicia y política – Un silencio aterrador…

03/3/2016 – Se cumplieron 72 horas de que se conoció la revelación más sorprendente de lo que va del año. Y será difícil de superar. Los medios, una vez más, hicieron público una grave situación política e institucional: familiares directos del ex gobernador Sergio Urribarri comparten una dirección fiscal con la presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Claudia Mizawak. No se conoció más que eso. Es suficiente.

¿Cuántas preguntas podría hacer un juez o un fiscal ante esta revelación? ¿Cuántas inquietudes expresaría la asociación de magistrados o el colegio de abogados? ¿Cuánta indignación traspiraría un dirigente de la oposición? No se sabe. Nadie ha dicho ni hecho nada. Si hay o no una relación directa entre la presidenta del máximo órgano de justicia de la provincia y el ex dos veces gobernador denunciado por enriquecimiento ilícito y actual presidente de la Cámara de Diputados no es un tema que inquiete a los actores de la vida pública. Tampoco es motivo de alguna aclaración o explicación por parte de Mizawak y Urribarri. A fin de cuentas, nadie se los ha pedido.

La revelación también involucró a los empresarios de la construcción Miguel Marizza, Iván Szczech y Claudio Tórtul, quienes hicieron negocios millonarios con el gobierno anterior.

El primero fue salpicado por la causa que tramita en la Justicia Federal de Paraná y en la que se investiga una evasión de 160 millones a la AFIP. El segundo está procesado por simular el pago de impuestos.

El presidente de la Cámara de Diputados en tiempos de gobernador fue anfitrión de la Cumbre del Mercosur que se realizó en Paraná en diciembre de 2014. Para la ocasión se posibilitó que por la vía de la excepción se autorice al Poder Ejecutivo a contratar de forma directa (es decir sin licitación) servicios para el evento del que participaron presidentes latinoamericanos. La firma más beneficiada para las obras que se realizaron fue Caballi S.A, de Marizza. Tuvo a su cargo12 de las 20 adjudicaciones por un valor de 11.722.585 pesos.

Mizawak, por ejemplo, deberá votar por la constitucionalidad o no de la designación de Guillermo Smaldone como presidente del Tribunal de Cuentas. El expediente lleva más de un año en el cuerpo que preside la doctora. No avanza pese a los reclamos formales del peticionante. Al joven abogado encargado de controlar las cuentas de la provincia lo impulsó Urribarri, a quien tiene que auditar.

Estas son algunas de las cosas que suceden en Entre Ríos y que volvieron cotidianas. Con sólo dar vuelta la hoja o hacer un click para pasar a otra noticia, ya son pasan al olvido.