El Ministerio Público Fiscal ha avanzado en la causa que se abrió por el supuesto delito de sobreprecios en una obra pública realizada en la Municipalidad de Larroque, bajo la intendencia de Raúl Riganti.
*El fiscal Sergio Rondoni Caffa ya ha tomado declaración testimonial al ex intendente y al ex secretario de Gobierno de esa Municipalidad, Leonardo Martín Hassel. Ambos están imputados por los delitos de administración fraudulenta en perjuicio del erario público, en concurso ideal con el delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, de acuerdo a los Artículos 54° y 174° inciso 5°, en función del Artículo 173° inciso 7, y Artículos 248° y 45° del Código Penal en carácter de coautores.
Por otro lado, también se tomó declaración testimonial al empresario Néstor Hereñú (hijo), de la empresa constructora OICSA, quien está imputado por el delito de fraude a la administración pública en grado de coautor, de acuerdo a los Artículos 174° inciso 5, en función del Artículo 172° y 45° del Código Penal. Es oportuno aclarar que los tres imputados han negado toda participación en delito alguno. De acuerdo a la denuncia, el hecho se produjo entre abril de 2015 hasta principio de mayo de 2016, donde se habría detectado un supuesto sobreprecio en una obra pública de pavimentación de varias arterias de Larroque.
De manera concreta, se trata de catorce cuadras -alrededor de 1.200 metros-, donde se debería realizar un pavimento flexible (hormigón armado), cordones cuneta y badenes en las bocacalles, siendo una obra donde se estableció en el concurso de precio un monto de 21 millones de pesos; de los cuales se abonaron alrededor de 8,7 millones de pesos, siendo que el valor referenciado obtenido en un informe técnico realizado por un ingeniero civil, que advirtió que la obra debería haberse hecho con seis millones de pesos. Por eso la actual gestión Municipal del intendente Darío Benedetti promovió dos acciones: la primera devolver el resto del dinero no abonado al Estado Nacional (fueron aproximadamente trece millones de pesos) y la segunda, promover la denuncia que hoy está investigando la Justicia local.
Por último, este caso se ha convertido en la primera denuncia por corrupción que a nivel local se está investigando con el nuevo Código Procesal Penal.
