*Tras el inicio del año judicial, Castrillón analizó todos los temas.
21/03/2018 – El presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Emilio Castrillón, habló de todos los temas en una extensa entrevista radial tras su discurso en el inicio de las actividades del año judicial. Analizó las cuestiones a modificar al interior del Poder Judicial, puntualizó falencias y admitió que “cuesta” implementar los cambios aunque a la hora de calificar del 1 al 10 el servicio de Justicia en la provincia dijo que “le pondría una nota de 8”.
Al respecto, explicó que “los 2 puntos que faltan, en un 0,50 refiere a la demora en lo Civil y Laboral y 1,50 a la necesidad de respuestas en muchas, de las pocas causas que tenemos en materia panal que llegan a juicio”. En ese sentido, sostuvo que “si el 90 por ciento de los juicios importantes surge acompañando alguna nota de una revista o un artículo periodístico, algún problema hay para captar”.
Por otra parte, afirmó que “el Poder Judicial alertó” sobre la falta de creación de la Fiscalía Anticorrupción al momento de modificar la orgánica del Ministerio Público Fiscal y marcó la necesidad de realizar una nueva reforma del Código Procesal Penal de la provincia ya que “el mismo autor original, el doctor (Julio) Federik, está marcando falencias”. En cuanto a la Ley de Narcomenudeo, consideró que “en el Poder Judicial Federal la costa del Paraná prácticamente no tiene contrabando con lo cual estará aliviado para atender causas importantes de narcotráfico, mientras que en la costa del Uruguay el principal problema será el contrabando”.
Refirió la necesidad de “perfeccionar y aceitar a la Policía de Entre Ríos” y de “perfeccionar y empoderar a la Dirección de Investigaciones, que depende según la ley de la Procuración”. También hizo referencia al sistema jubilatorio, juicio por jurados, trabajo legislativo y salarios.
En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza) Castrillón sostuvo que las repercusiones de su discurso estuvieron “dentro de lo previsible”. “Por mi forma, mi personalidad y mi manera de plantear las cosas no son muy corrientes dentro de este Poder, pero no por eso voy a cambiar mi forma de expresar lo que pienso, los auto-análisis y adónde queremos ir”, advirtió.
Sostuvo que “cuesta” implementar cambios en la Justicia y a modo de ejemplo refirió: “Si a tu hijo lo dejás que llegue todas las noches a distinta hora y a la madrugada, cuando le digas que llegue a las 12 algún reproche vas a tener de tu hijo”. En este sentido, comparó que “durante años, las conductas disímiles llevan a resultados disimiles que indudablemente lleva trabajo poder encauzar.
No obstante ello es menos difícil la tarea, pero aparecen como más chocante son las medidas porque existen funcionarios, magistrados y empleados del Poder Judicial que son responsables, lo que ha sido no tan responsable es haber dejado la previsión de que todos somos buenos y todos hacemos las cosas bien y no exista una verdadera medición de la productividad, del trabajo, de la carga horaria, de la carga de expedientes, de la relación de empleados y expedientes, de la relación de expedientes y sentencias y sobre todo el trámite en el tiempo de los expedientes judiciales”.
Dijo desconocer los motivos de esta situación ya que “nunca había estado en la conducción” pero opinó que “siempre se respetó la independencia total de cada oficina y de cada organismo tomando como que son todas manzanas de una ciudad aislada, y en definitiva falta una coordinación de cada uno de los fueros y una interrelación que más que ejercer una superioridad o una organización vertical nos marque una interacción y una comunidad de intereses, necesidad de resultados, y finalidades que lleve a un buen servicio de justicia”.
En relación con ese control de los horarios, sostuvo que “para medir la capacidad horaria de cada organismo tengo que saber qué empleados tengo dentro de ese organismo y cuantas horas están prestando dedicación dentro de ese organismo, de tal manera de saber a ciencia cierta cuantas horas hombre se necesitan para llevar la tarea de ese organismo, y si ese organismo se atrasa o tiene problemas en la atención de la gente es porque le faltan horas hombre que se traducen en más personal”.
Agregó que “la medición que tenemos de los jueces es a través de las sentencias y del tiempo para el dictado de sentencias, que en el caso del proceso civil paulatinamente en el proceso laboral se irá acortando con los procesos de oralidad y la notificación electrónica, que va a ser en la jurisdicción Paraná y en todos los fueros que va a medir la cantidad de notificadores que necesitamos”.
A la hora de calificar del 1 al 10 la Justicia que conduce, dijo que “le pondría una nota de 8” y especificó que “los 2 puntos que faltan, en un 0,50 refiere a la demora en lo civil y laboral y 1,50 a la necesidad de respuestas en muchas, de las pocas causas que tenemos en materia panal que llegan a juicio”. Al respecto, admitió “falencias” ya que “si el 90 por ciento de los juicios importantes surge acompañando alguna nota de una revista o un artículo periodístico, algún problema hay para captar”.
Fiscalía Anticorrupción y reforma del Código Procesal Penal
Por otra parte, afirmó que “el Poder Judicial alertó” sobre la falta de creación de la Fiscalía Anticorrupción al momento de modificar la orgánica del Ministerio Público Fiscal y aclaró que “esto fue una decisión dentro de las facultades que tenía la Legislatura de Entre Ríos”.
“Alertamos sobre eso, alertamos la disparidad de medios entre la acusación y la defensa y la necesidad de que todos los funcionarios y magistrados de los Ministerios Públicos debían ser designados por el Consejo de la Magistratura y con acuerdo del Senado por la sencilla razón de que la única forma de removerlos es con el jurado de enjuiciamiento. En caso contrario, el sumario interno lo debería hacer el mismo jefe de la organización vertical”.
No obstante, aclaró: “No responsabilizo al procurador General sino al que sancionó la ley de esa manera. Por eso digo que en el procedimiento acusatorio también debe tenerse en cuenta una posibilidad de reforma y readecuación porque no daban los números, entre probation y abreviado tenemos un 95 por ciento”. Ante esto, reafirmó la necesidad de realizar una nueva reforma del Código Procesal Penal de la provincia ya que “el mismo autor original, el doctor (Julio) Federik, está marcando falencias”.
“En la Constituyente los miembros informantes y fundantes de los artículos referidos a eso tenían una concepción distinta de la que planteó Federik en algún momento siendo legislador que era una base importante en la que estábamos de acuerdo con los fiscales de investigación, una forma distinta de llevar adelante los juicios en el ámbito provincial. Hubo modificaciones importantes y no todas buenas”, aceptó.
Ley de narcomenudeo
Consultado por la forma en que afectará la sanción de la Ley de narcomenudeo, analizó que “en el Poder Judicial federal le quedan pocos de lesa humanidad vivos y la costa del Paraná prácticamente no tiene contrabando con lo cual estará aliviado para atender causas importantes de narcotráfico importante, con clientes importantes que vemos que entran y salen, mientras que en la costa del Uruguay el principal problema será el contrabando seguramente”.
En ese marco, sostuvo que “la Policía de Entre Ríos seguirá con una tarea que habrá que perfeccionar y aceitar, traer la Dirección de Investigaciones que depende según la ley de la Procuración” y afirmó que “el jefe de la Policía se ve que no tiene mucho conocimiento de lo que dicen las leyes que expresa que la Policía de Investigación depende del procurador y recibe la dirección de allí”.
“También debe especializarse en la designación de los traslados y los ascensos con participación de la Procuración en el tema de investigación y empoderar a la Policía de Investigación para que tenga la valentía –que muchos tienen- para atacar esos pequeños nichos de droga que son la puerta de entrada para la putrefacción de nuestra juventud”, refirió.
Reafirmó que la creación de una policía judicial “es carísimo y por eso se descartó” pero rememoró: “Hace 16 años redacté un proyecto de ley en el cual creaba la Policía de Investigaciones Judiciales que dependía administrativamente de la policía y funcionalmente del Poder Judicial en ese momento –hoy sería de la Procuración- que tenía estas facultades y esta intromisión: participar en la selección, en los ascensos para premiar lo que se destaca o no y en los traslados atento a la función esencial que tiene la Procuración”.
“Si empezamos con cumplir la ley y que la investigación esté a cargo de la Procuración y toquemos algunos de estos puntos de designaciones, ascensos y traslados, estaremos generando una prueba de lo que puede representar una policía judicial”, definió el magistrado, quien dijo no tener “ni la más mínima idea” de los motivos por los cuales no se lleva adelante.
“En el narcomenudeo la Gendarmería no está en todos los lugares, la Policía Federal tiene muy escaso personal de investigación porque no tiene medios, y entonces a la Policía de Entre Ríos hay que empoderarla para que la lucha contra narcotráfico dentro de la comunidad de un barrio signifique darle fuerza, porque el traficante más importante tiene medios y no tantos limites o controles que puedan hacer a la seguridad del funcionario que vamos a mandar al procedimiento”, analizó.
Pedidos a la Legislatura
Por otra parte, Castrillón dijo que en su discurso de inicio del año judicial “le pedí a la Legislatura la sanción de la leyes que cero que necesitamos y de otras leyes que quise poner en la mesa y que forman parte de la necesidad de bajar la conflictividad social y de mantener la paz social que debemos asegurar”.
“Y sobre todo advertirles que cada vez que se reconoce un derecho, que se establece una garantía hay un organismo que debe tutelarlo para hacerlo efectivo y ese organismo significa costos, un costo que debe ser medido porque debe tener el personal mínimo para prestar el servicio”, aseveró.
Críticas al sistema de Juicio por jurados
Sobre este punto, Castrillón aclaró que “la Constitución de 1933 y la actual lo prevén y sería importante efectuar una prueba para los delitos muy aberrantes o de alta significación social, o que no contribuyen a la paz social o al deterioro de las instituciones” pero aclaró que “en los lugares donde lo vi funcionar, aparece como una novela de no tanta calidad y no como en las películas que vemos de los Juzgados de Estados Unidos donde nacieron con ese procedimiento”.
Además refirió a la situación de los juicios abreviados y dijo que “es el problema y las pautas que debe fijar la ley porque en su momento el legislador entendió que la política criminal de la provincia la fija la Procuración y videntemente hay pautas que si no las fija la Procuración deben ser fijadas por ley, y situaciones a contemplar”. Ante esto, aseveró que “es necesario un retoque del sistema acusatorio”.
Demoras para llegar a juicio
Con el ejemplo de la causa que investiga al ex vicegobernador Héctor Alanís por el desvío de dinero del Senado provincial, entre 1995 y 1999, y que tardó 16 años en llegar a juicio oral, Castrillón sostuvo que “es la demostración de que el sistema anterior no andaba y que está bien ir al sistema nuevo que se da en todo el país, lo que no significa que este sistema nuevo sea perfecto sino que debe ser perfectible y mejorado con las opiniones de todos los sectores”.
“Esto necesita un aggiornamiento porque Entre Ríos es una provincia que no es común en el país; son 18 jurisdicciones, con ciudades que no tienen la misma entidad delictiva, con paridad en los Juzgados de Familia pero no en las cuestiones penales que, tanto la defensa como la Procuración tiene una estructura importantísima en Paraná, algo importante en Concordia y de ahí entramos a decrecer hasta llegar a la impotencia del que denuncia o de la víctima”, describió.
Sistema jubilatorio
Al respecto, explicitó: “Tengo la visión de que una ley del año 70 y que modificamos por los 90, hoy no tiene la misma realidad, hay regímenes especiales donde cualquiera del Poder Ejecutivo con mi edad y mis aportes ya no trabaja más, y en educación mis compañeras de colegio hace 10 años que están jubiladas”.
Además aseveró que “cuando hablan de ley orgánica la decisión política es cómo va a estar constituido el Superior Tribunal de Justicia, donde sabemos que la Constitución dice como mínimo cinco miembros y trabajando en salas” y criticó que “varios de los legisladores desconocen la realidad de lo que pasa acá adentro, por eso los invitamos a ver cuál es la estructura de esto para aggiornar y renovar una ley orgánica que data de muchísimos años donde la mitad de los organismos no existían”.
Afirmó que “no existe privilegio en el Poder Judicial porque tiene el mismo porcentaje de aporte, la misma cantidad de años aportados, y los mismos 10 años para tomar el haber del aporte, aunque es cierto que por ley se estableció que para el cómputo de la antigüedad en la actividad se toman distintos parámetros como la matrícula”.
“El personal del Poder Judicial es el 2,5 por ciento del personal de la provincia, por lo tanto si se traslada al 100 por ciento de pasividad y aumentamos porcentualmente los salarios que pueden ser más alto, el 96 por ciento del problema del sistema jubilatorio está en los otros regímenes, en los especiales o en otros Poderes, no en el Poder Judicial”, ejemplificó.
Pago de ganancias
Consultado por su postura ante el pago de ganancias, aseveró: “Estoy a favor de cumplir la ley. Si la ley decía que por una circunstancia no se pagaban ganancias y la y actual dice que desde el 1 de enero de 2017 el que ingresa al Poder Judicial debe pagar ganancias, hay que cumplir la ley”.
De todos modos, sostuvo que “en lo salarial es importante ver que el Poder Judicial es el único poder que tiene una cláusula que no tiene ningún otro poder, que no permite tener otra actividad, es decir que ante una denuncia de enriquecimiento indebido lo único que puedo justificar es el sueldo del cónyuge y el sueldo propio”.
“Creo que más importante que los ingresos es establecer las declaraciones juradas de la AFIP de los funcionarios, puesto que de allí se van a dar cuenta cuántos ingresos y cuántos sueldos acumulan y que después deben declarar a efectos de poder justificar los bienes que tienen cuando son denunciados en los casos de enriquecimiento indebido”, sentenció.
Y agregó que “es tan importante el sueldo del vocal del Superior, que el gobernador cobra lo mismo cuando termina su mandato”. “Acá decimos cobramos en actividad tanto y en pasividad tanto, y el ministro cobra en actividad tanto pero tenemos que ver cuánto declara en AFIP, y el fiscal de Estado cobra lo mismo que un vocal del Superior y de paso cobra honorarios, y eso tiene que estar declarado en la AFIP.
Por eso es importante, por la transparencia que vamos a pregonar desde el Poder Judicial, transparencia de los otros funcionarios. Los organismos descentralizados deben publicar en sus páginas cuanto percibe cada uno y sería importante que los funcionarios de otros Poderes también tengan un bloqueo para realizar otras actividades”, aseveró.
En ese marco, se quejó porque “pareciera que el Poder Judicial es el único que debe ser transparente, por supuesto que debe serlo, pero para hacer comparaciones en leyes jubilatorias o en los ingresos, deben presentar públicamente todos los patrimonios e ingresos fiscales. Si yo lo tengo que presentar porque no se le exige también a los funcionarios de los otros Poderes”. (Análisis Digital /Pná.)
