Aníbal Fernández vinculó la acusación a una interna en Inteligencia
Rossi, Pichetto y Urribarri, algunos de quienes rechazaron la medida.
El secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández, rechazó la denuncia del fiscal especial por el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), Alberto Nisman, contra la presidenta Cristina de Kirchner y otros dirigentes y la atribuyó a una «interna» en la Secretaría de Inteligencia. «Es un sin sentido lo que sucede, es ridículo, un manotazo de ahogado de alguien que respondía a otras estructuras. No tiene ningún asidero. Denunciar a la Presidente por cumplir las atribuciones constitucionales es un sinsentido», afirmó el funcionario. Tras la réplica del funcionario, otros dirigentes del kirchnerismo sumaron su rechazo, entre ellos el gobernador Sergio Urribarri, quien aseguró: «Cuanto más se acerque la fecha de las elecciones, más duros van a ser los ataques judiciales y económicos”.»Es una ridiculez pocas veces vista, un bochorno que queda en el historial de los países para demostrar lo que no hay que hacer», enfatizó el exsenador nacional en diálogo con C5N.
En su reciente presentación, Nisman acusó a la mandataria, el canciller Héctor Timerman, el diputado Andrés Larroque, a los dirigentes Luis D ‘Elía y Fernando Esteche, al ex juez Héctor Yrimia y a un sector de la SI que prestó colaboración para concretar la «confabulación criminal», de «encubrir» el atentado a la mutual judía a cambio de beneficios económicos para el país.
Según el documento de 300 carillas firmado por Nisman, se «demuestra que el plan dirigido a borrar a Irán del caso AMIA, desincriminando a los exfuncionarios iraníes acusados, tuvo su origen en la previa decisión de la Sra. Presidente de acercarse geopolíticamente a la República Islámica de Irán y restablecer relaciones comerciales plenas de estado a estado para aliviar la severa crisis energética argentina, mediante un intercambio de ‘petróleo por granos'».
Sin embargo, para el secretario general esa acusación responde a una interna en la SI que estalló en diciembre pasado y obligó a la Presidente a reemplazar al extitular Héctor Icazuriaga por un hombre de máxima confianza como Oscar Parrilli. Fernández deslizó que esos movimientos pusieron en duda la continuidad del agente Jaime Stiusso dentro de la Secretaría de Inteligencia.
Fernández recordó que cuando era ministro de Interior y «se declara nula la causa de AMIA, caen las notas rojas de Interpol», que permiten detener a quienes tengan pedido de captura de la justicia en el momento y en el lugar en el que se encuentren, llamó a Nisman para que viaje para continuar la investigación y éste le respondió que «no quería». Asimismo, resaltó que «luego de la negativa a viajar, Nisman fue a verlo acompañado por Jaime Stiusso, un responsable de la Secretaria de inteligencia, a darme argumentos para no viajar», y finalmente viajó y «terminó conforme con su trabajo», repasó el funcionario, según reprodujo ámbito.
«Hay una situación en la SI donde se discute la permanencia de Stiusso, genera este tipo de situaciones, entonces acá estamos discutiendo otra cosa, es un manotazo de ahogado», reiteró y remarcó que la Constitución nacional faculta al Poder Ejecutivo a negociar acuerdos con otros países, y que luego deben ser aprobados por el Congreso, como ocurrió con el memorando de entendimiento con Irán. Según esa lógica, Nisman debería citar a declarar a todos los diputados y senadores que aprobaron el acuerdo con el gobierno iraní.
Miguel Pichetto
El titular del bloque del Frente para la Victoria del Senado, Miguel Ángel Pichetto, calificó a esa imputación como «demencial» y advirtió que «últimamente se toman decisiones en sedes judiciales que tienen contenidos de irracionalidad, que convierten en delitos acciones que son propias de otros poderes del Estado».
«Creo que se ha entrado en un camino de total irracionalidad», evaluó el senador rionegrino, quien remarcó que «la firma de un acuerdo» y «la búsqueda de la verdad, no puede, en absoluto, ser interpretado como encubrimiento».
Pichetto recordó que «el intento de memorándum con Irán tenía como objetivo destrabar la causa largamente paralizada ante la falta de respuesta por parte del estado Iraní».
«El objetivo era que los imputados prestaran declaración indagatoria y que el juez viajara para poder tomarla, todo lo contrario a lo que se sostiene en la denuncia», afirmó el jefe de la bancada oficialista en la Cámara alta mediante un comunicado.
Además, sostuvo que «es necesario volver a recordar la jurisprudencia de la Corte en materia de acuerdos internacionales, su aprobación es una atribución del Congreso de la Nación, y dicha materia no puede ser judicializada».
Disparate irracional
El ministro de Defensa, Agustín Rossi, dijo que la acusación de Nisman «es un disparate institucional y jurídico» y remarcó que la firma de memorando se ampara en las facultades constitucionales de la jefa de Estado. «Es irracional que un fiscal actúe de la manera en la que lo hace Nisman, imputando a la Presidenta por ejercer acciones propias de su incumbencia, acciones que sólo buscan determinar quiénes fueron los culpables del brutal atentado contra la AMIA», enfatizó.
«El acuerdo con Irán contó con el consenso parlamentario y fue debatido y aprobado con mayoría en ambas Cámaras, con la presencia del canciller Timerman, que respondió todas las inquietudes», sostuvo el exlegislador santafesino.
«Explicamos una y mil veces que el objetivo de dicho acuerdo era ir en búsqueda de la verdad, ése fue el único objetivo», agregó el exjefe del bloque de diputados del Frente para la Victoria. Asimismo, señaló que «es sólo la Justicia argentina quien tiene la posibilidad de tomarle declaración indagatoria a los ciudadanos iraníes, que el propio Nisman había encontrado como sospechosos».
«Es sabido por todos que el procesamiento de los implicados no se podía hacer sin una previa declaración indagatoria, que exige la presencia del imputado», completó el funcionario y precandidato presidencial del FpV.
Golpe judicial
El gobernador entrerriano, Sergio Urribarri, denunció que «se está buscando el golpe judicial contra este gobierno».
«Cuanto más se acerque la fecha de las elecciones, más duros van a ser los ataques judiciales y económicos. En esta circunstancia no se puede ser tibio», advirtió el mandatario provincial en diálogo con radio Continental.
Urribarri comparó los vaivenes políticos y judiciales contra la Casa Rosada con los ocurridos en Honduras, como «uno de los casos más recientes», que terminó con la salida de Manuel Zelaya de la presidencia constitucional en 2009. «Si la dirigencia política, no sólo de nuestra fuerza sino también de otra, no se expresan claramente y de manera contundente diciendo las cosas como son, cuanto más se acerquen las fechas de las elecciones en Argentina, más duros van a ser estos ataques y contra nuestra Presidenta y nuestro gobierno», subrayó.
El gobernador no dudó en apuntar contra la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires como parte del origen de la denuncia del fiscal. «No se puede en esta instancia mirar para el costado. No se puede ir por el medio. No se puede intentar agradar a todo el mundo», concluyó.
Escándalo grosero
El diputado nacional y presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales, Guillermo Carmona, afirmó que «esta acción de Nisman resulta, desde el punto de vista jurídico, escandalosamente grosera» y afirmó: «Este fiscal pretende ocultar las deficiencia de su investigación con acciones judiciales que tienden a la espectacularidad».
«La ficción que crea Nisman pretende distraernos de la cuestión central: ¿qué es lo que dejó de investigar en esta causa? No ha avanzado un milímetro en el esclarecimiento del atentado. Sus evidentes vinculaciones con oscuros exagentes de los servicios de inteligencia parecieran ser el telón de fondo de esta denuncia inconsistente e irresponsable», sostuvo Carmona.
En su reciente presentación, Nisman acusó a la mandataria, el canciller Héctor Timerman, el diputado Andrés Larroque, a los dirigentes Luis D ‘Elía y Fernando Esteche, al ex juez Héctor Yrimia y a un sector de la SI que prestó colaboración para concretar la «confabulación criminal», de «encubrir» el atentado a la mutual judía a cambio de beneficios económicos para el país.
Sin embargo, para el secretario general esa acusación responde a una interna en la SI que estalló en diciembre pasado y obligó a la Presidente a reemplazar al extitular Héctor Icazuriaga por un hombre de máxima confianza como Oscar Parrilli. Fernández deslizó que esos movimientos pusieron en duda la continuidad del agente Jaime Stiusso dentro de la Secretaría de Inteligencia.
«Creo que se ha entrado en un camino de total irracionalidad», evaluó el senador rionegrino, quien remarcó que «la firma de un acuerdo» y «la búsqueda de la verdad, no puede, en absoluto, ser interpretado como encubrimiento».