*La jueza federal Zunilda Niremperger, ordenó la suspensión de Desmontes por tres meses. La denuncia fue presentada por la Asociación de Abogados Ambientalistas y ya se imputó a funcionarios y empresarios. Allanaron al ministro de Producción, Hernán Halavacs, gestor de la mayor cantidad de permisos de desmonte durante los gobiernos anteriores. (*Ag./2024)
Foto: Periodistas por el Planeta
El Juzgado Federal N°1 de Resistencia dictó una medida cautelar que suspende los desmontes en Chaco por tres meses. La decisión responde a una denuncia penal presentada por la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas en julio pasado. La jueza federal Zunilda Niremperger tuvo en cuenta la urgencia de adoptar medidas de prevención para evitar la ocurrencia de daños irreparables. Y determinó investigar la responsabilidad de los imputados en la causa, entre los que se encuentran funcionarios provinciales, diputados, empresas y firmas ligados al negocio forestal. Chaco es la provincia que más deforestación registró en lo que va del año, con 27.148 hectáreas arrasadas.
A través de la resolución, la jueza Niremperger ordenó al Poder Ejecutivo de Chaco —puntualmente al Ministerio de la Producción y Desarrollo Económico Sostenibles— la suspensión de los desmontes, tanto los que ya fueron autorizados como los que aún no se han ejecutado. También suspendió el otorgamiento de nuevos permisos. El plazo de tres meses puede ser prorrogable.
*Desde Abogadas y Abogados Ambientalistas, Enrique Viale valoró que la resolución «toma los más avanzados criterios del derecho ambiental». La jueza valoró, para hacer lugar a la cautelar, los principios de prevención, el principio precautorio (vigente en la Ley General del Ambiente) y de equidad intergeneracional en materia ambiental para evitar que se siga avanzando sobre el monte nativo.
La denuncia presentada pone la lupa sobre la participación activa de funcionarios públicos y empresarios en actividades ilícitas, que implican la destrucción de los bosques nativos en Chaco. El puntapié para la presentación ante el Poder Judicial fue la sanción en abril, de forma exprés e inconsulta, de una ley para avanzar sobre un millón de hectáreas. Decisión impulsada por el gobernador Leandro Zdero.
Los denunciados son Hernán Halavacs, actual Ministro de Producción de Chaco; Miguel Ángel López, ex director de Bosques de la provincia, actualmente empresario forestal; Luciano Olivares, ex subsecretario de Desarrollo Forestal y actual asesor legal del Ministerio de Producción chaqueño. También se denunció a los diputados Atlanto Honcheruk y Juan José Bergia y al intendente de la localidad de El Espinillo, Zenón Cuellar.
«Estos individuos, que actuaron como legisladores, funcionarios y empresarios, se enriquecieron a costa del ecocidio en la provincia», sostienen los denunciantes.
El 14 de agosto, la Fiscalía Federal de Chaco, a cargo de Patricio Sabadini, imputó a los denunciados por delitos como abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y asociación ilícita. El Fiscal, además, solicitó el cese inmediato de las actividades de extracción forestal. Y encomendó la aplicación de la Ley 27.401 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, lo que implica que no solo se investigará a individuos, sino también a empresas como Vicentín, Las Guindas, Establecimiento Monterrey, Cuenca del Salado, Grupo Buratovich, Msu, Triad, Alejandro Hayes Coni, Ricardo Shihon y Jerilderie, Cigra y La Nueva Pirámide, entre otras.
En el marco de la investigación, el jueves 22 de agosto, la Gendarmería allanó las oficinas del ministro Halavacs, ubicada en el séptimo piso de la Casa de Gobierno de Chaco, y también la consultora del funcionario e ingeniero agrónomo desde la que se realizan gestiones para las empresas forestales. Según la denuncia de Abogados y Abogadas Ambientalistas, antes de llegar a la función pública, Halavacs consiguió la mayor cantidad de permisos de desmonte otorgados en los últimos diez años. El actual Ministro gestionó 353 trámites aprobados sobre los 876 permisos que otorgó la Dirección de Bosques entre 2014 y 2021.
Funcionarios en la mira y una ley para continuar talando bosques
En el marco de la denuncia, la ONG de abogados documentó la existencia de delitos como defraudación contra la administración pública mediante permisos de desmonte ilegal y de recategorización de parcelas de manera fraudulenta, desviando fondos públicos destinados a la conservación ambiental para favorecer intereses privados. También se identificó la falsificaron de documentos públicos para justificar la reclasificación de terrenos para actividades agropecuarias, vulnerando así las disposiciones legales destinadas a la preservación de los recursos naturales.
«Los funcionarios públicos acusados habrían recibido beneficios económicos y otros favores indebidos a cambio de permisos de desmonte y de la modificación de normativas ambientales. Estas prácticas ilícitas subvierten el principio de imparcialidad y objetividad que deben regir las funciones públicas, y perpetúan un ciclo de corrupción que pone en riesgo tanto el ambiente como la integridad del sistema administrativo argentino», señalaron desde la organización.
Pese a la sanción de la Ley Nacional de Bosques en 2007, en Chaco se han desmontado 485.162 hectáreas desde ese año. La reciente aprobación de la Ley 4005-R, en abril de 2024, pretende habilitar el desmonte de un millón de hectáreas adicionales. «Esta legislación, hecha a medida para las empresas deforestadoras, refleja la connivencia entre el poder político y los intereses privados», sentencian desde el colectivo de abogados.
Los empresarios y funcionarios denunciados por los desmontes en Chaco
El caso más característico de la denuncia es el del ministro de la Producción Halavacs. Máxima autoridad ambiental de la provincia y cuya cartera es agente de aplicación de la Ley de Bosques. Previo a ser funcionario público, además de ser quien obtuvo la mayor cantidad de permisos de desmonte, trabajó como consultor para la familia Vicentín en al menos 14 oportunidades, para lograr un total 5.500 hectáreas en planes de desmonte.
La empresa Las Guindas es una empresa agropecuaria de Rosario que también obtuvo permisos de desmonte por 1331 hectáreas en la localidad de Brown, en 2018, a instancias de Halavacs. La firma es propiedad de la familia Urquía, que dirige el Grupo Aceitera General Deheza (AGD). Pero la lista de la denuncia es más amplia:
- Luciano Olivares, subsecretario de Desarrollo Forestal durante las gestiones de los gobernadores Peppo y Capitanich, es el actual asesor forestal del ministro Halavacs, a quien le otorgaba los permisos de desmonte cuando era funcionario en las gestiones anteriores.
- Atlanto Honcharuck es diputado provincial por el peronismo y empresario del transporte forestal, titular de la mayor empresa transportista de madera de la provincia. Su par Juan José Bergia, cercano a Juntos por el Cambio, maneja la Reserva Meguesoxochi, conocida por la explotación irracional de madera. Según la denuncia, mediante Zenón Cuellar y junto a Luciano Olivares, malversó los llamados «fondos verdes» para el clima otorgados por Naciones Unidas.
- Miguel Ángel López es ex-Director de Bosques chaqueño. Es propietario de uno de los mayores aserraderos de la provincia: Forestales del Oeste SAS. Al mismo tiempo, la firma Triad S.A. (de Santiago Bausili, presidente del Banco Central) en Chaco tiene domicilio fiscal en el estudio del Ingeniero Kalbermatter, socio de López en la localidad chaqueña de Charata.
- Ana Victoria Hupaluk, empresaria maderera y carbonera. En uno de sus campos encontraron a 76 personas en condiciones de trabajo esclavo, incluyendo niñas y niños. Es socia de López en el aprovechamiento de Triad S.A, a la que el mismo López entregó parcelas. Tienen relaciones comerciales con Halavacs y comparte socios con Indunor, una de las dos principales tanineras del Chaco, que extraen quebrachos de los departamentos Brown y Güemes.
- Adolfo Eduardo Hupaluk es empresario maderero y carbonero de Los Frentones y socio de Hupaluk. Uno de sus campos fue quemado por completo después de haber sido denunciado en audiencia pública.
Entre las empresas señaladas está el Grupo Buratovich Hermanos, una gran empresa agropecuaria de Buenos Aires, propiedad de la familia Buratovic. De enorme peso económico, la familia posee intensos vínculos con políticos nacionales y chaqueños, según la denuncia de Abogados y Abogadas Ambientalistas. También figuran la megaempresa Indunor (del grupo Italiano Silvateam) y Unitan, también de capitales transnacionales, que son las dos tanineras responsables de, al menos, la pérdida de 30.000 hectáreas anuales de masa boscosa en la provincia.
