Constructoras se habrían unido para conseguir obras y luego simularon competir en licitaciones. En 2013, el Tribunal de Cuentas advirtió sobre posible cartelización de la obra pública.
03/08/2016El 16 de octubre de 2013, el Tribunal de Cuentas de la provincia, emitió una auditoría en la que advirtió la posibilidad de cartelización de obra pública. El Documento puso de manifiesto una semiplena prueba sobre algunas constructoras que se habrían unido para conseguir los trabajos más grandes y luego simularon competir en licitaciones públicas con presupuestos oficiales más exiguos, buscando quedarse con la mayor cantidad de obras posibles.
Es decir que al organismo de control le llamó la atención que algunas firmas que armaron una UTE, luego fueran por separado a otras licitaciones.
El Tribunal de Cuentas advirtió la posible maniobra en esa auditoría fechada el 16 de octubre de 2013, y se enumeraron algunos casos, valiéndose tanto de información oficial provista por organismos provinciales como nacionales, consignó El Entre Ríos.
La primera observación recayó sobre la UTE conformada por Construcciones Antonio Caballi SA, Ernesto Ricardo Hormus SA y Szczech y Szczech Empresa Constructora, que se alzó con la Licitación Pública Nº 28/09, con la que se propició la construcción del Hospital Bicentenario en la ciudad de Gualeguaychú.
El consorcio cotizó 169.834.241,70 pesos y acordó un plazo de ejecución de obra de 30 meses corridos, sin contar dos prórrogas. Los trabajos debieron concluir el 29 de noviembre de 2013, algo que nunca ocurrió.
El informe del Tribunal de Cuentas, que está disponible en su páginawww.tcer.gob.ar, detalló que en el lapso otorgado para la concreción de los trabajos “las empresas Ernesto Ricardo Hormus SA y Szczech y Szczech Empresa Constructora fueron directas competidoras, ya que fueron las únicas oferentes en la Licitación Pública Nº 38 para la ‘Construcción de aulas y sector administrativo Instituto Superior Especialidad de Educación Física y Construcción de Gimnasio Centro de Educación Física Número 4 General San Martín-Concordia’”.
Los auditores también recordaron que ambas constructoras presentaron ofertas por separado en otras dos licitaciones públicas: la Nº 35/10 (“Restauración y puesta en valor Escuela Normal Superior Número 4 Olegario Víctor Andrade-Gualeguaychú”) y la organizada para adjudicar la obra denominada “Refacción, refuncionalización y ampliación de la Escuela Número 68 Fray Mamerto Esquiú”.
Además el organismo de control externo fijó su atención en la UTE integrada por Lemiro Pietroboni SA, Panedile Argentina SA y Luis Losi SA, sin olvidar tampoco que las empresas se presentaron por separado en al menos otras dos licitaciones públicas.
“Si se analizan las distintas licitaciones públicas y sus diferentes oferentes puede verse claramente un entramado de empresas relacionadas a través de contratos de UTE (Unión Transitoria de Empresas), que por otra parte, estando la misma vigente, aparecen en forma individual compitiendo en distintos procedimientos de licitaciones”, se indicó en un tramo del informe presentado a las máximas autoridades del Tribunal de Cuentas.
El escrito fue elaborado como una suerte de advertencia y también fue puesto a consideración del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios (MPIyS), que en los últimos años administró un creciente presupuesto. Algo que no pasó por alto la auditoría, que advirtió sobre la incidencia que ese incremento en los fondos públicos tuvo en el comportamiento de las empresas constructoras.
Por eso en uno de sus párrafos más salientes puede leerse: “Esta situación puede deberse al crecimiento extraordinario de las obras públicas, sobre todo en la provincia de Entre Ríos, donde las empresas radicadas en la provincia, para encarar cierto tipo de emprendimiento, necesitan presentarse en forma conjunta. Pero también crea un campo susceptible al hipotético manejo de las ofertas y a darse una estrategia para la presentación o no en los distintos procedimientos”.
El informe fue firmado por el jefe del Cuerpo de Auditores, Eduardo Rudi, y por el jefe del Áreas Administración Central del Cuerpo de Auditores, Hugo Jensen.
La difusión del documento coincidió con el incipiente debate legislativo para controlar la adjudicación de la obra pública, tanto a nivel provincial como nacional. Y a ese escrito el Tribunal de Cuentas le sumó el dictamen conjunto sobre el tema que suscribieron los cinco fiscales de cuentas.
El pronunciamiento, fechado el 10 de diciembre de 2013, terminaba así: “Si bien en principio no se podría avizorar en abstracto un posible perjuicio fiscal por sobreprecios, no tenemos objeción a que se comunique al señor ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios la sugerencia efectuada por los señores Jefes del Cuerpo de Auditores, sobre todo para ser tenida en cuenta en el marco de las contrataciones de alta significación económica, conforme lo dispuesto por el art. 213, inc. 1º del novel texto constitucional de la provincia”.
