COMUNICADO DE LA “ASAMBLEA CIUDADANA AMBIENTAL DE GUALEGUAYCHÚ”
A raíz de las declaraciones formuladas por el Gobernador de la Provincia Gustavo Bordet en las cuales expresó que enviaría un Proyecto de Ley a la Legislatura para derogar la prohibición de vender derivados de madera a las plantas de producción de pasta de celulosa en la República Oriental del Uruguay (Ley 9759), expresamos nuestra mas férrea oposición a esa iniciativa.
Aceptar el camino propuesto significaría un retroceso el reclamo efectuado respecto de un emprendimiento como “Botnia” (UPM), ya ha sido declarado ilegal por la propia Corte Internacional de Justicia de La Haya y que afecta la calidad de vida de la población como también el agua, el aire y la tierra de una vasta zona del río Uruguay.
No es admisible comparar –como lo hace el Gobernador- la exportación de chips o rollizos para activar una empresa ilegal y contaminante, con la exportación de cítricos. Tampoco es feliz cuestionar la prohibición, bajo el argumento que la Ley 9759 fue sancionada “con un puente cortado” o porque hubo un “laudo” de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Las razones que llevaron al reclamo social desde hace trece años –con o sin puente cortado- aún subsisten. Porque la producción de “Botnia” sigue afectando. Así lo acaba de reconocer un informe producido por el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien confirmó que en personas afectadas de Gualeguaychú se detectó la presencia de “ácido sulfhídrico”, lo que “altera la calidad de vida, afectando así la salud” (agregado a la Causa “UPM (ex BOTNIA) s/Infracción Ley 24.051 (art. 55)”, radicada ante el Juzgado Federal Nº 1 de Concepción del Uruguay).
Basarse en que habría interés de empresarios vinculados a la actividad forestal, significaría privilegiar intereses meramente económicos, poniéndolos por encima de los derechos a la “salud” y al “ambiente sano” que están garantizados por Convenciones internacionales a las que nuestro país ha adherido, como por la Constitución Nacional y Provincial.
Fue el propio Gobernador en su discurso inicial ante la Legislatura Provincial, al comenzar su mandato, quien se comprometió –entre otras cosas- a trabajar para “reducir el calentamiento global”, darle al “mundo verde una oportunidad” y “conservar el planeta tal como lo conocemos”. Allí señaló su voluntad de que “nuestros eucaliptus no vaya en rollizos” y que “no salga para hacer pasta de celulosa que sean contaminantes de nuestros ríos”; sí que vayan “para viviendas de madera, con fines nobles que generen valor”, rematando: “No permitiremos la instalación de una sola planta de celulosa en la Provincia!”. Agregamos nosotros: no solo evitemos nuevas plantas de celulosa, sino que también debemos ratificar que las ya existentes deben dejar de operar.
Pretendemos legítimamente que ese compromiso se cumpla. Insistimos: no aceptamos que se autorice la exportación de madera para las fábricas de pasta de celulosa y reclamamos que no se modifique la Ley.
Para eso, pedimos del Gobernador una audiencia urgente. Dónde se escuchen nuestros argumentos, las razones que tenemos para rechazar frontalmente la posibilidad de reformar la ley vigente, beneficiando a una fábrica que es ilegal y nos contamina con su producción. Resultaría un absurdo que por una vía indirecta se fomente una actividad nociva. De igual forma que se ha escuchado la voz de los empresarios forestales, que no se ignoren nuestros argumentos dirigidos a preservar derechos esenciales que necesariamente deben protegerse por encima de expectativas económicas.
Aspiramos a que el camino a seguir sea el que se marcó cuando se inició este mandato. No el de claudicar desprotegiendo el derecho a la “salud” y al “ambiente sano” que el Estado está obligado a respetar.
