*Portal Larroque*, por estos días recibió una comunicado de la AACDG la cuál textualmente expresa lo siguiente:*Se terminan los tiempos, las alertas y la paciencia La Asamblea Ambiental Ciudadana de Gualeguaychú se dirige a la Opinión Pública:
1. BOTNIA En noviembre de 2017, el Gobierno del Presidente uruguayo Tabaré Vázquez, firmó con Botnia el primero de los documentos para la instalación de una segunda planta de pasta de celulosa, esta vez a orillas del río Negro. Una planta que duplicará a la que la misma corporación posee en Fray Bentos. Al respecto, en junio de este año, la Asamblea Ciudadana Ambiental alertó a las autoridades de la Cancillería Argentina y de la CARU sobre dos cuestiones muy preocupantes. La primera son los desechos industriales que dicha futura planta arrojará al río Negro, curso que desemboca en el Uruguay en la zona de La Pesquería, en la costa Uruguay Sur. El efecto acumulativo de dichos efluentes debe ser tenido muy en cuenta ya que deben sumarse los futuros desechos a los que ya produce la actual pastera de Botnia ubicada en Fray Bentos. Sobre este aspecto, el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya fue taxativo en su Fallo de 2010, cuando advirtió a Uruguay y Argentina que deben abstenerse de aumentar el grado de contaminación en el río Uruguay con nuevos emprendimientos industriales de magnitud. El otro aspecto grave lo constituye el hecho de que Botnia haya expresado al Gobierno uruguayo que la primera alternativa a la localización de su segunda planta en el Departamento de Durazno sea Fray Bentos. En tal sentido, poco después de la reunión celebrada en junio en la Cancillería, la CARU dio a conocer un documento titulado “Plan de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Río Uruguay en Áreas de Plantas de Celulosa”, publicado en el sitio web del Ente Binacional el 20 de julio de 2018. En la Introducción de dicho Plan, se lee textualmente: “Teniendo en cuenta la implantación futura de plantas de celulosa y en el marco del actual PROGRAMA DE EVALUACIÓN DE CALIDAD DE AGUAS Y CONTROL DE LA CONTAMINACION DEL RIO URUGUAY (PROCON) se desarrolló un esquema cuya acción se centra en zonas de posible influencia de los emprendimientos”. Más adelante, se describen las nuevas áreas a monitorear en el curso del río Uruguay, y entre ellas figura “el área de influencia del emprendimiento M’Bopicua, que como es de dominio público es el lugar donde originalmente se iba a establecer la pastera de ENCE y que tras su decisión de abandonar el proyecto vendió esas tierras a Botnia. Precisamente, este sería el lugar donde podría llegar a instalarse la planta Botnia II si resultara inviable localizarla a orillas del río Negro. Para la CARU existe una posibilidad concreta de “la implantación futura de plantas de celulosa” sobre el río Uruguay, hecho que ha quedado en evidencia en el documento al que se hace referencia, el cual, misteriosamente ha desaparecido del sitio oficial del organismo y ha dejado de ser público. Tanto la posibilidad de un posible aumento de la contaminación por acumulación del río Uruguay como la posibilidad concreta de que una segunda pastera de Botnia termine instalándose Fray Bentos, son competencia de nuestra Cancillería y de la CARU, que tienen pleno conocimiento de la situación y tienen la obligación de requerir la información pertinente a las autoridades uruguayas. Desconocemos si desde el 18 de junio último y hasta a la fecha, han realizado gestión alguna en esta trascendental cuestión. Está latente la probabilidad de que todo cuanto ha venido batallando la Asamblea Ciudadana Ambiental durante estos años con Botnia I se reproduzca. La Asamblea ya logró que la española ENCE no se instale en el río Uruguay, pero ahora podemos llegar a tener una Botnia II. Y si el Gobierno Nacional no actúa a tiempo, una vez más, tendremos hechos consumados. Una vez más, la Asamblea Ciudadana advirtió con mucha antelación, profusa documentación y datos técnicos que la posibilidad de que Botnia II se instale a orillas del río Negro uruguayo es técnica y ambientalmente imposible. Las autoridades nacionales, a través de la CARU deberían informar que temperamento adoptarán ante el severo alerta planteado y actuar a tiempo, porque existen plazos estipulados en el Estatuto de río Uruguay para las reclamaciones. Plazos que si se obvian, pueden originar hechos consumados. Si así ocurriera, las autoridades deberían ser conscientes que Gualeguaychú dará una nueva batalla. Y esta vez, será inevitable. Con relación al conflicto no concluido sobre la planta de Botnia existente en Fray Bentos, hay otra cuestión muy preocupante. Los últimos informes mensuales respecto al monitoreo de la planta Orión que figuran publicados en el sitio ofic En Entre Ríos, esta política se replica sin subterfugios. La actitud demostrada por el Ejecutivo provincial de apelar fallos judiciales de primera instancia y, no solo eso, del Superior Tribunal de Justicia que ordenan y establecen perímetros de seguridad en las fumigaciones terrestres y aéreas alrededor de escuelas y poblaciones rurales y cursos de agua, es escandalosa. Es llamativo que a la responsable del Consejo General de Educación de la provincia, no se le haya escuchado una sola manifestación pública durante 2018, solidarizándose con los docentes y alumnos que permanentemente son fumigados. También resulta vergonzoso que el Senador Departamental de Gualeguaychú, Nicolás Mattiauda y el Senador Nacional Alfredo De Ángeli estén presionando junto a la Mesa de Enlace para que se reglamente con un Decreto del gobernador Bordet el fallo judicial emitido por el Superior Tribunal respecto a las fumigaciones. En la parte resolutiva del mencionado fallo no existe referencia alguna por parte de los tres Vocales ordenando al Poder Ejecutivo Provincial a dictar decreto alguno. Muy por el contrario, uno de ellos en su voto particular llega a exhortar al Poder Legislativo a sancionar una nueva ley en materia de agrotóxicos que sustituya la actual que rige en Entre Ríos. Si se produjera alguna norma regulatoria respecto de la sentencia judicial, los responsables inevitablemente deberán ser llevados ante la Justicia sin miramiento alguno. 4. LEY DE LA MADERA Muestra de la genuflexión del Gobierno provincial hacia el de la Nación, ha sido la derogación de la llamada Ley de la Madera en Entre Ríos. Con el pretexto de hacer aumentar el proceso productivo en la provincia, los rollizos en bruto de eucaliptus están siendo exportados a China desde Concepción del Uruguay, con el silencio cómplice del Intendente de esa ciudad, que hasta la fecha no ha emitido opinión al respecto. Es un secreto a voces que, mientras una parte de estos embarques de troncos van al gigante asiático, otros van veladamente al Puerto de Montevideo como materia prima que luego se desvía hacia las dos pasteras que están activas en Uruguay. La vergonzante derogación de esa ley, impulsada por el Gobernador Bordet y votada por la inmensa mayoría de diputados y senadores provinciales, solo buscaba defender los intereses de la Asociación Forestal Argentina (AFOA) y vender fundamentalmente a las industrias pasteras del Uruguay. Las mentiras esbozadas por el Gobernador Bordet intentando justificar que la derogación de la ley permitiría reactivar la industria maderera entrerriana, la incorporación de valor agregado y la construcción de viviendas están a la vista de todos. Sobran los dedos de una mano para contabilizar los “proyectos de desarrollo maderero” mientras los productores del sector padecen una crisis sin precedentes. Y no solo esto: las prometidas 250 casas de madera que Bordet anunció que se iban a construir en 2018 no existen. 5. GLIFOSATO Existe un apoyo manifiesto del Gobierno de Entre Ríos hacia los sectores concentrados de la producción agrícola a favor del uso de agrotóxicos. La actuación de las Secretarías de Ambiente y de Producción de la provincia es impresentable y los responsables de dichos organismos, Barbieri y Gabbás son los ejecutores de esta política que prioriza el agro negocio a la salud de los entrerrianos. Resultan patéticos argumentos tales como “uso racional” o “buenas prácticas” en el uso de estos venenos. Afortunadamente, para el ejido de Gualeguaychú hubo una resolución muy concreta de prohibición para el uso, almacenamiento, tenencia y comercialización del glifosato, si bien la Municipalidad de Gualeguaychú debería proponer la modificación de los irrisorios montos de las multas que se fijaron por Ordenanza a los infractores. Asimismo aún no se ha reglamentado la Ordenanza, también ya aprobada, que regula la aplicación del resto de los agrotóxicos. Se desconoce si la misma contará con un presupuesto capaz de hacer efectivo un verdadero control sobre los productores y profesionales las empresas de fumigación. Si bien apoyamos esta clase de normativas, la Asamblea cree que estas medidas deben ser prudentes y consensuadas, llegando a acuerdos con plazos determinados, dando tiempo a los productores para adaptarse y lograr una producción sana y sin contaminantes. 6. PLANTA DE EFLUENTES CLOACALES Otra de las cuestiones muy preocupante es el lamentable estado de funcionamiento de la Planta de Efluentes Cloacales, que es una de las causas más importantes de la contaminación del río Gualeguaychú. Hay que recordar que el Intendente y hoy Diputado Nacional Juan José Bahillo ya decía en 2011 que el funcionamiento de la planta “siempre fue óptimo”. Una falsedad que repetiría sin vergüenza alguna en varias oportunidades, todas ellas documentadas, entre octubre de 2012 y hasta 2015. La nueva gestión municipal a partir de diciembre de 2015, reconoció que el funcionamiento de la planta no era el adecuado. Pero pese a los Convenios firmados con Universidades Nacionales, diferentes reparaciones que debieron hacerse, renovación de algunos componentes de la planta, el resultado sigue siendo el mismo. O peor. En este sentido, la Asamblea Ciudadana Ambiental renueva el fuerte reclamo que viene ejerciendo a través del Foro Ambiental, para que se ponga en condiciones definitivamente la Planta de Efluentes y cesar con la contaminación del río Gualeguaychú. 7. PLANTA EFLUENTES PIG Celebramos la concreción de la nueva planta de tratamiento de efluentes del Parque Industrial de Gualeguaychú y su derivación aguas debajo de la Toma de Agua de nuestra ciudad. Este logro se debe al permanente reclamo de los vecinos del Barrio Don Pedro quienes lograron que interviniera la UFIMA. También destacamos el accionar del Foro Ambiental y la presión de la Justicia para conseguir una solución definitiva a la grave situación de contaminación ambiental denunciada. 8. ECOPARQUE Un párrafo final merece la situación en el Ecoparque de nuestra ciudad, ya que el mismo quedaría sin capacidad para el tratamiento y enterramiento de los residuos urbanos. Una obra sobre la que, la Auditoría General de la Nación, en mayo de 2015, reveló que existieron irregularidades atribuibles a la anterior gestión municipal y que nunca se investigaron. Cuatro años después de su construcción y puesta en funcionamiento, el Ecoparque prácticamente está al límite de su operación y ahora será necesario que la Municipalidad negocie un nuevo crédito para su ampliación. La Asamblea Ciudadana Ambiental exige a las autoridades locales que hagan público a la brevedad cuál será el accionar concreto que llevarán a cabo para lograr que el Ecoparque continúe funcionando. Finalmente, ante este terrible panorama de lo que ha acontecido en el año que está finalizando en materia ambiental en nuestra ciudad como así también en la provincia como en la Nación, desde la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, advertimos seriamente a las autoridades que actúen conforme a cumplir con la obligación constitucional de garantizar el derecho de la población a que su salud sea preservada y a vivir en un ambiente sano. Los tiempos, las alertas y la paciencia, se terminan. ASAMBLEA CIUDADANA AMBIENTAL Gualeguaychú, 18 de diciembre de 2018
*Se terminan los tiempos, las alertas y la paciencia