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Fuerte rechazoHarán asambleas e intervenciones contra el intento de cambiar por decreto la Ley de Salud Mental.
Nov./2017 -Numerosos sectores se reunieron este miércoles en la Facultad de Trabajo Social para comenzar a delinear acciones tendientes a defender la Ley de Salud Mental Nacional contra el intento del presidente Mauricio Macri de modificar por decreto reglamentario “aspectos fundamentales” de la norma.
El delegado de ATE, Danilo Muller, dijo que representa “un retroceso de más de 50 años”. Como ejemplo citó cambios en “la forma en cómo se considera al usuario de Salud Mental, y en quienes tendrían la patria potestad de los tratamientos. La Ley nacional prevé que haya una descentralización del poder, donde participa un médico pero necesariamente tiene que haber alguna otra profesión participando.
Este nuevo decreto da todo el poder al médico frente al tratamiento del usuario, el único profesional capacitado para tomar decisiones”, explicó Muller.
La preocupación por el proyecto de reforma del decreto reglamentario de la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, que se conoció el pasado 10 de noviembre, reunió este miércoles a agrupaciones sociales, gremiales, políticas, centros de estudiantes, asociaciones de familiares, usuarios y amigos de Salud mental y trabajadores, en una asamblea convocada con el fin de defender una norma que había sido sancionada con amplios concesos y constituía un avance en materia de protección a los derechos humanos.
“El proyecto de reglamentación nuevo tiene que ver con retrocesos en aspectos que son fundamentales en la Ley Nacional”, sostuvo el delegado de ATE en el hospital Escuela. Como ejemplo citó cambios en “la forma en cómo se considera al usuario de Salud Mental, y en quienes tendrían la patria potestad de los tratamientos. La Ley nacional prevé que haya una descentralización del poder, donde participa un médico pero necesariamente tiene que haber alguna otra profesión participando. Este nuevo decreto da todo el poder al médico frente al tratamiento del usuario, el único profesional capacitado para tomar decisiones”, explicó Muller.
A su vez, dijo que habrá implicancias no sólo para los usuarios “sino también para los trabajadores, porque la Ley que sale en 2010 viene a oficializar o reconocer prácticas que ya se venían llevando adelante y que tenían que ver con el espíritu de la norma”.
“Es preocupante que hoy salga un proyecto de reglamentación que retrocede casi 50 años de trabajo en Salud Mental, sobre todo en aspectos fundamentales que tienen que ver con la concepción, con el modo de trabajar, con cómo se concibe una persona que padece salud mental, entre ellos el decreto nombra “trastornos mentales” que es una perspectiva muy biológica, cuando nosotros entendemos que la salud mental es un proceso que tiene múltiples determinantes, no es un proceso biológico, ni hereditario, sino que es cultural, social, histórico”, agregó.
Como primeras medidas se resolvió este miércoles comenzar asambleas desde la próxima semana en los lugares de trabajo y hacer intervenciones “para poder interpelar a la sociedad en Paraná y Entre Ríos”. Además “la idea es ir sumando otras voces de funcionarios o legisladores que puedan tomar postura”, precisó el dirigente. Paralelamente, en las universidades se van a “generar espacios de discusión con estudiantes y profesores para estar al tanto de lo que se viene a proponer ahora”, dijo a Apf.
En la asamblea también se leyeron los comunicados con el posicionamiento contra las modificaciones del Ministerio de Salud y del Órgano de Revisión de Salud Mental de Entre Ríos, creado por la ley. De igual manera se procedió con el comunicado del CELS que fue uno de los primeros en brindar un informe sobre los alcances de estos cambios.
Finalmente se fijó una nueva asamblea para el próximo miércoles a las 19. Si bien el lugar aún no está definido, Muller confirmó que será “en un espacio público para visibilizar” la situación. Una opción es la Plaza 1º de Mayo.
Informe del CELS
Harán acciones en defensa de la ley.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) publicó un informe en el que detalla “los puntos más preocupantes” del decreto. Entre ellos menciona:
-Modifica la concepción de la salud mental como un proceso multideterminado por componentes históricos, socio económicos, culturales, biológicos y psicológicos, y reinstala el modelo médico hegemónico de perspectiva biologicista que resultó insuficiente para un tratamiento integral de los padecimientos mentales. Esta mirada habilita exclusivamente las “prácticas fundadas en evidencia científica” y excluye los aportes de disciplinas imprescindibles para la rehabilitación del padecimiento mental, como la terapia ocupacional, la musicoterapia, el arte, la enfermería, la psicología, los acompañamientos terapéuticos y el trabajo social, entre otras.
-Reinstala el manicomio bajo el nombre de “hospitales especializados en psiquiatría y salud mental” y admite el aislamiento pleno de personas a quienes vuelve a considerar “enfermos” como un tratamiento regido por el “arte médico”. De igual modo, habilita tratamientos en comunidades cerradas para las personas con consumo de drogas. En la misma línea, a la hora de determinar una internación compulsiva, sustituye el requisito de inminencia del daño para sí o para terceros y reinstala el concepto de peligrosidad ya que permite una evaluación basada en riesgos potenciales.
Lesiona y desnaturaliza el derecho a una defensa técnica de las personas usuarias, y establece que los abogados defensores deben ponderar la opinión del equipo tratante para no inmiscuirse en el esquema terapéutico, circunstancia que desoye la voz y los intereses de la persona usuaria. Además, establece que el juez designará al defensor oficial impidiendo la actuación de oficio de acuerdo a la ley del Ministerio Público de la Defensa.
-Reinstala la lógica del modelo tutelar de sustitución de la voluntad, al reconocer expresamente que una persona puede ser declarada completamente incapaz en franca contradicción con las disposiciones del reciente Código Civil y Comercial de la Nación y normas de superior jerarquía.
-Quita de la competencia del Ministerio Público de la Defensa la designación de la máxima autoridad del Órgano de Revisión de la Ley y se la adjudica al Ministerio de Salud de la Nación. De esta forma la Autoridad de Aplicación de la ley será quien designe al responsable de ejercer las funciones de control sobre sí misma. A su vez, impone una nueva conformación plenaria que desequilibra la pluralidad de sectores y favorece mayorías médico hegemónicas.
*Portal Larroque*
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