17/05/2014 – Grave denuncia.
Los abogados que advierten sobre escuchas ilegales se desempeñan en el foro local.
“Tenemos conocimiento en grado de sospecha que a un grupo de abogados penalistas se les habrían intervenido los teléfonos a los fines de conocer las conversaciones que pueden mantener con sus defendidos”, dice una nota que firman reconocidos abogados penalistas que se desempeñan profesionalmente en la capital entrerriana. Se trata de un grupo de abogados que integran el Instituto de Derecho Penal, Procesal Penal y Criminología del Colegio de Abogados de Entre Ríos
Concretamente expresaron los letrados su preocupación por las espías ilegales. Y al respectos señalan en la nota destinada al Poder Ejecutivo provincial. “Los actos de escucha telefónica para controlar a los abogados agravian al ejercicio de la profesión, al derecho constitucional de defensa, al pueblo en general, a la privacidad de los abogados y constituye un desmérito para el Poder Judicial en un Estado Constitucional de Derecho, por ser los abogados integrantes necesarios del sistema penal”, señalan.
Los firmantes de la nota –presentada el martes pasado– son Marciano Martínez, Miguel, Guillermo Mulet, Mario Figueroa, Guillermo Vartorelli, Gastón Duarte, Rubio Pérez, Miguel Retamoso, Rubén Pagliotto, Sueldo Jorge Gabriel, Humberto Franchi, Alberto Juan Silva Velazco, Guillermo Retamar, Alberto Salvatelli, Sebastián Reyes y Candela Bessa.
Para los abogados, de existir éstos actos, los mismos “están enmarcados en una política que hemos denunciado y que públicamente se ha manifestado con agresiones como las que emergen de expresiones de funcionarios judiciales que sostienen que nos hemos constituido en cómplices de nuestros defendidos y que para evitarlo nos han marcado la cancha”.
Este grupo de profesionales emitió un documento en el que manifestó “fastidio” por el funcionamiento de los diferentes órganos judiciales. En esa ocasión cuestionaron a los magistrados por “la soberbia que surge del poder que detentan y de la tranquilidad que tienen en su vida diaria”. Además mostraron “mucha preocupación por el avance de órganos públicos del sistema penal sobre las libertades individuales y las garantías constitucionales y convencionales, muchas veces soslayándolas o interpretándolas con criterio restrictivo”.
En este nuevo texto se vuelve sobre esa preocupación. Es así que decidieron formularlas ante el Superior Tribunal de Justicia y el Colegio de Abogados de Entre Ríos, con el fin que “adopten las medidas pertinentes a fin de que el ejercicio de la profesión, en el ámbito del derecho penal, sea realizado con la más absoluta libertad”.
(Fuente: Página Judicial)
