*En Paraná dijo que “la investigación está incompleta”.
*Raúl Barrandeguy.
05/02/2018 – El abogado Raúl Barrandeguy, defensor del ex gobernador Sergio Urribarri en la causa que investiga negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación a la administración púbica, peculado, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, volvió a cuestionar el pedido de elevación a juicio al que calificó de “equivocado y precipitado” aunque reconoció que “era lo esperado”.
También criticó que “la investigación está incompleta” y adelantó que solicitará “el sobreseimiento” de Urribarri así como “una oposición a que la causa continúe porque entendemos que no hay acción”. “Lo que vamos a plantearle al juez de Garantías es que la actividad administrativa de Urribarri, indispensable para que el gasto público en estos contratos sea ejecutado, fue previamente controlado, supervisado y aprobado por la Contaduría General de la provincia, que es un organismo constitucional que tiene esta competencia.
No puede decir la Justicia que gastó mal si la Contaduría General se ha pronunciado”, explicó. “Esta cuestión de que hubo aprobación de los organismos de control del gasto hace que la imputación penal -desde nuestro punto de vista- no tenga demasiado futuro”, sentenció.
En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza) Barrandeguy admitió que la solicitud de elevación a juicio de la causa “era lo esperado” aunque cuestionó que “la investigación está incompleta y se debieron realizar algunas diligencias más, como la recepción de algunos testimonios que me negaron porque la causa había sido elevado ese mismo día”.
Especificó que solicitó “las declaraciones del contador general de la provincia, de una senadora nacional que fue secretaria de la Gobernación cuando estos gastos tramitaron, del ministro de Economía que habilitaba las partidas junto con Hacienda y las ponía a disposición de las autoridades y del titular del Ejecutivo”.
De todas maneras, aseveró que “sabíamos desde mediados de diciembre que se estaba preparando la elevación, que el Ministerio Público estaba dando por terminada la investigación y había fijado una posición, que consideramos equivocada y precipitada porque no se consideraron ni se produjeron estas evidencias, que de todas formas se producirán para otro legajo”.
Aclaró asimismo que “este es un momento procesal y no significa que haya un juicio en breve ni que esté nadie condenado” y criticó: “Me da la sensación de que se instaló una suerte de idea de que esto ya terminó y Urribarri está condenado”.
“Nosotros vamos a usar las posibilidades que el Código de Procedimiento Penal nos permite, es decir que vamos a pedir el sobreseimiento, vamos a realizar una oposición a que la causa continúe porque entendemos que no hay acción y vamos a desarrollar una defensa que a lo mejor no es tan interesante para la opinión pública pero que es la oportunidad que el proceso nos brinda, y después esperaremos”, adelantó.
“Lo que vamos a plantearle al juez de Garantías que la actividad administrativa de Urribarri, indispensable para que el gasto público en estos contratos sea ejecutado, fue previamente controlado, supervisado y aprobado por la Contaduría General de la provincia, que es un organismo constitucional que tiene esta competencia. No puede decir la Justicia que gastó mal si la Contaduría General -que está prevista en la Constitución para ejercer esta función y tiene varios profesionales de primer nivel, de todas las afiliaciones políticas con una antigüedad enorme- se ha pronunciado”, explicó el abogado.
“Esta cuestión de que hubo aprobación de los organismos de control del gasto hace que la imputación penal -desde nuestro punto de vista- no tenga demasiado futuro”, sentenció.
Sobre la acusación respecto de la existencia de un direccionamiento discrecional para la asignación de la publicidad oficial a ciertas empresas provocando un fraude al Estado, Barrandeguy sostuvo que “al decir eso, están diciendo que la aprobación de la Contaduría General -que miró los contratos uno por uno porque es una responsabilidad que tiene- no nos son obligatorias a nosotros, a pesar de que la Constitución las impone”.
“Acá cada uno puede pensar que las cosas son buenas o son malas, y pensar que los gobiernos son buenos o son malos, y fijar una posición airada o apasionada -todo el mundo está en su derecho- pero cuando llegamos al momento de la prudencia, del equilibrio, de la valoración racional y in emociones, uno no encuentra de qué forma sostener esto sin echar abajo a los peritos de la Contaduría General. Hubieran esperado por lo menos que el Tribunal de Cuentas desaprobara la cuenta. Es absolutamente imposible en términos de rigor conceptual hacer responsable a Urribarri por los gastos que se concretaron en estos efectos”, aseguró.
“Ahora si me dice que uno salió y trajo la foto de una vaca, estas cosas pueden pasar y pueden generar sospechas y deben ser investigadas y si se comprueban deben ser castigadas; así debe funcionar el Estado de derecho, pero al gobernador no lo van a hacer responsable porque algún chofer de una ambulancia dibuje algún viático, por más que sea amigo de algún pariente lejano. En el Estado, en el gasto menudo y diario, donde es muy difícil que llegue un control eficaz porque sería caro y no serviría para nada, pueden ocurrir estas cosas y de hecho ocurren porque la Dirección de Sumarios está llena de denuncias”, reflexionó.
En este punto, criticó que “esto es una defensa que hizo Urribarri cuando fue a la indagatoria y el Ministerio Público debió responderla, pero sin embargo no hay una sola línea. Es decir que Urribarri declaró y ni siquiera hubo preocupación por verificar que las cosas que dijo eran como las decía”.
“La diferencia entre apalear a alguien en la esquina o sentenciarlo a una pena justa es precisamente esto: jueces, procedimiento, partes y garantías para poder asumir racionalmente el resultado como algo que es lo que corresponde”, definió.
“Como todo ciudadano si es imputado Urribarri debe defenderse como lo hace y tenemos mucha confianza en los argumentos. Nunca un gobernador fue condenado, procesado ni imputado, y menos por un delito de estas características, y no habrá sido porque la Justicia era complaciente o cómoda, sino porque este tipo de controles se deben tener en cuenta porque estamos hablando del ejercicio de poderes institucionales. No se puede decir como dice el Ministerio Publico que sustrajeron dinero, porque el gobernador y los ministros no ven dinero en la Casa de Gobierno, no se puede sustraer”, aseveró.
Respecto de las asignaciones a empresas de familiares del entonces gobernador, el abogado sostuvo que “se puede sospechar e investigar y está bien que lo hagan pro si no tienen pruebas concluyentes y definitivas esto quedará en la sospecha. Y probar que esas empresas eran de un familiar de Urribarri es algo que no está hecho todavía”.
Consultado por la posibilidad de solicitar el desafuero, Barrandeguy aclaró que “no es necesario pedir un desafuero para concurrir a juicio; el desafuero funciona cuando no quiere concurrir a juicio, cuando no va a las audiencias, y en esto no hay ningún inconveniente y no se necesita el desafuero para eso” ya que afirmó que Urribarri “está desesperado por ir a un debate público”.
“No es delito tener un cuñado que a su vez es cuñado de los integrantes de una firma. Y así como están las cosas, las sospechas no alcanzan a Urribarri ni al ex ministro (Pedro) Báez”, advirtió.
