Lo hará la CGT, en el Día del Militante…
11/11/2014- Domingo Daniel Rossi, condenado por enriquecimiento ilícito y en su momento inhabilitado por la Justicia para ejercer cargos públicos -medida que quedó sin efecto en 2010, cuando se lo autorizó a participar con el oficialismo en elecciones-, será distinguido por la Confederación General del Trabajo (CGT). Según se informó, el 17 de noviembre, día del militante, el intendente de Santa Elena será honrado “por su trayectoria”.“Los trabajadores quieren reconocer en Rossi su carrera política, los logros obtenidos, e incluso hoy seguir transformando la provincia con el ‘Modelo Santa Elena’, que es una gestión ordenada y eficiente”, se indicó desde el municipio que gobierna. En ese sentido, adelantaron que la CGT le entregará una placa distintiva.
La conducción de la seccional Paraná de la CGT explicó que “además de ser un peronista histórico y trabajador que llego a la vice gobernación de la provincia, destacan su trabajo militante cotidiano, el haber dado siempre la cara, y el ser el dirigente más importante de la costa del Paraná”, según publicó El once.
Condena firme y control
Hace alrededor de un mes atrás, el sitio digital Entre Ríos Ahora publicó una nota titulada El intendente que se enfrenta al Tribunal de Cuentas. Allí se resumieron las peripecias judiciales que atravesó el actual intendente, y que concluyeron en que la condena por enriquecimiento ilícito quedara firme. Ahora, el Tribunal de Cuentas le llamó la atención por una serie de manejos en la administración municipal. A pesar de eso, Rossi contraatacó al organismo de control provincial.
Vale recordar que Rossi fue condenado el 12 de junio de 2006, por la Sala Segunda de la Cámara del Crimen. Recibió tres años de prisión condicional, ocho de inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos, y multa de 90 mil pesos, al encontrarlo autor material y responsable del delito de enriquecimiento ilícito en el ejercicio de la función pública.
El fallo fue firmado por los entonces jueces Jorge García -hoy procurador General de la provincia-, Raúl Herzovich y Silvia Nazar pero no quedó firme. Rossi apeló la sentencia, y llegó con un recurso de queja ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en diciembre de 2009 confirmó la decisión de la Justicia de Entre Ríos.
En el expediente “Rossi, Domingo Daniel s/enriquecimiento ilícito de funcionario público”, la Corte resolvió desestimar la queja por el recurso extraordinario federal. El Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Entre Ríos había rechazado el recurso de casación y confirmado la sentencia por enriquecimiento ilícito.
Rossi había sido vicegobernador de Entre Ríos durante la gestión de Jorge Busti y luego intendente de Santa Elena, cargo que ahora volvió a ocupar a pesar de los fallos adversos en su contra.
La causa por enriquecimiento ilícito la inició su ex esposa, Isolina García, quien suministró información para una serie de notas que en 1997 publicó el semanario ANÁLISIS con la firma del ex periodista y ahora funcionario de la administración de Sergio Urribarri, Sergio Fabián Gómez. La mujer contó de la existencia de cuentas bancarias a nombre de Rossi en el Uruguay.
Mientras estuvo en la función pública, Rossi acumuló una fortuna cercana a los 5 millones de dólares. Y la Justicia probó ese crecimiento patrimonial ocurrido cuando ocupó cargos públicos y también la existencia de esos depósitos en el extranjero.
De igual modo, eso no fue obstáculo para que en 2011 Rossi accediera por cuarta vez a la Intendencia de su ciudad, Santa Elena, a pesar de las quejas y las amenazas de sus opositores, que reclamaron su proscripción por las condenas que arrastraba.
Rossi se impuso en las elecciones.
Aunque su gestión otra vez está en el ojo de la tormenta.
Esta vez la administración Rossi tropieza con asuntos de índole administrativo y del uso de fondos públicos, con observaciones hechas en su contra nada menos que por el Tribunal de Cuentas.
Le reprochan la flaqueza de los controles, la poca observancia a las reglas de la Administración, el uso discrecional de los recursos del Estado, y particularmente el Tribunal centra su análisis sobre la utilización de un subsidio de 55.000 pesos, otorgado en 2012 por el Ministerio de Turismo de Entre Ríos para costear la organización del “Carnaval Federal de la Alegría 2012”.
A los auditores que revelaron cómo se gastó ese dinero les llamó la atención la “contratación directa” del servicio de sonido en los carnavales, por un monto de 21.000 pesos, abonado a la señora Mabel Giulidari.
En Santa Elena dicen que Giulidari es esposa de Rubén Peludo Benítez, un hombre de estrecha relación con Rossi.
Las normas contables, advierte el informe del Tribunal, obligaban, por el monto involucrado, a convocar a un concurso de precios, que en este caso no hubo.
No es lo único.
Otro informe, firmado por el contador Eduardo Rudi, jefe del cuerpo de auditores del Tribunal de Cuentas, pone de manifiesto “la precariedad del sistema contable administrativo del municipio, que demuestra serias debilidades e inconsistencias que no permiten arribar a la confirmación de los saldos finales del ejercicio auditado”.
El informe, fechado el 28 de julio último, concluye con esta recomendación: poner en conocimiento de esos hechos tanto al Departamento Ejecutivo Municipal como también al Concejo Deliberante, “a los fines de su regularización ya que se podrían estar encubriendo hechos irregulares en perjuicio de las arcas municipales”.
Otro informe concluye que desde el inicio de la verificación en el municipio “se detectaron anomalías e inconsistencias contables de relevancia, que se intentaron subsanar a los fines de poder emitir un informe de auditoría”, aunque encontraron una abrumadora falta de colaboración de parte del personal municipal.
Enterado de esos cuestionamientos, el propio Rossi se presentó con un extenso escrito ante el Tribunal de Cuentas.
Allí, se quejó de la prosa de los auditores, que califica como de “sobreabundante”, y que incluye “un excesivo rigorismo formal, estimando que se le realizan observaciones de gestión y hasta cuasi políticas en ciertos y determinados aspectos, por lo que realiza una serie de consideraciones al Tribunal de Cuentas de la provincia”.
Lejos de amilanarse, el intendente de Santa Elena contraataca al Tribunal de Cuentas y le reprocha su flojera a la hora de observar las irregularidades que ocurrieron en la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), donde, señaló, “borraban millones de pesos del erario público ante los ojos de quien hoy quiere intervenir en la causa judicial de lo que pasó frente a sus narices”. (El Once / Análisis Digital)