El ex secret. de Justicia de Entre Ríos Dr. Rubén Virué, indignado por el salvataje a Claudia M. Mizawak pta. del S.T.J. de la Pcia. 12/1/2017 – El exsecretario de Justicia, Rubén Virué, integró la larga lista de quienes adhirieron a la denuncia por mal desempeño contra la presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ) Claudia Mónica Mizawak. Luego de la sesión de este miércoles, en la que la mayoría del Frente para la Victoria (FpV) rechazó acusar a la jueza, el exfuncionario dialogó con Entre Ríos Ahora. Virué repasó algunos de los puntos centrales del dictamen acusatorio del bloque de Cambiemos y expresó indignación con su partido por la desestimación de la prueba colectada, que comprometía a la magistrada.
El abogado, que hoy desarrolla su actividad profesional en Larroque(Dpto. Gualeguaychú) señaló que leyó detenidamente el dictamen de los diputados opositores y destacó la gran cantidad de documentación con la que sustentaron la acusación. Entre otras cosas, consideró probado que la magistrada incurrió en un uso indebido de viáticos y calificó como un agravio al ciudadano que la jueza suprema haya rendido “con sólo una firma” 4 millones de pesos en concepto de “gastos reservados”, sin haber detallado en qué utilizó ese dinero.
“No era para gastos protocolares”, advirtió Virué. También, cuestionó que en 2015 Mizawak, haya firmado amparos a cientos de kilómetros de distancia, más precisamente desde España. “Que me digan en qué legislación se permitió la firma de un dictamen a distancia”, reclamó el ex funcionario de la gestión de Sergio Urribarri.
Los viajes a ROU en BuqueBus
En relación a los innumerables viajes de la magistrada, Virué resaltó un informe de la Dirección de Migraciones que revela que la presidenta del Superior Tribunal se trasladaba a otros países cuando, en realidad, había pedido viáticos para participar de actividades en otras provincias en representación del Poder Judicial de Entre Ríos.
“Viajaba con viáticos para Buenos Aires y se cruzaba en BuqueBus a la República Oriental del Uruguay”, señaló Virué, en referencia a un pasaje del dictamen de Cambiemos en el que precisan que el 4 de diciembre de 2009, Mizawak ingresó a Uruguay por la empresa BuqueBus, y regresó el 16 de enero de 2010 (43 días) en el vehículo “IBL-718”, habiendo percibido viáticos liquidados para viajar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los días 17 al 18 de diciembre de 2009; y que del 18 a 20 de febrero de 2010, registra viáticos a Buenos Aires y simultáneamente registra el 18 de febrero de 2010 una salida del país al Uruguay, también por BuqueBus.
“Esto pasó varias veces con la República Oriental del Uruguay, pasó una vez con un Congreso donde yo estuve, un Congreso en Formosa que fue miércoles, jueves y viernes en el año 2013 y después se fue a Paraguay y pasó también en una misión a Mendoza, donde desde ahí se fue a Chile. Me parece que si toda estos documentos de Migraciones no mueven al bloque mayoritario a analizar que hay un fuerte indicio de la veracidad de la denuncia, me parece que estamos ante un problema”, agregó el exsecretario de Justicia.
*Gastos reservados sin rendición
En cuanto a los “gastos reservados” o “gastos protocolares” como los llamó la titular del STJ, Virué volvió a resaltar el dictamen opositor y concluyó que Mizawak no efectuó ningún tipo de rendición sobre la utilización de dichos fondos. En realidad, advirtió el larroquense, hubo un simulacro de rendición de cuenta.
“Ha quedado absolutamente acreditado que no eran fondos protocolares, porque la partida de gastos protocolares es otra. Quedó acreditado que eran fondos reservados, que como tal lo liquidaba la Tesorería de la Provincia y carecían de todo tipo de rendición”, señaló Virué.
En ese sentido, el abogado sintetizó cómo era la operatoria con los gastos reservados: “La presidenta del Superior Tribunal recibía esas sumas (por los fondos reservados) que iban a parar a una cuenta del Banco de Entre Ríos y el destino posterior se desconoce porque no hay ningún tipo de rendición”.
Al respecto, recordó el caso por el que el exvicegobernador y exintendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi, fue condenado por enriquecimiento ilícito, en 2006. “Rossi, en su defensa material, dijo que a él le habían dicho que podía utilizar esos fondos como quiera. Resulta que Rossi no puede y la presidenta del Superior Tribunal sí puede utilizar los fondos reservados como le place y sin decir dónde van a parar. Esa no es la finalidad de los fondos reservados”, sentenció.
Para Virué, el hecho de que Mizawak no haya rendido en qué se utilizaron los fondos de reservados es “de una gravedad extrema” sobre todo cuando el propio Superior Tribunal de Justicia, en la causa Rossi, “dijo expresamente que el hecho de que sean fondos reservados no pierde la calidad de fondos públicos y que no puede darse cualquier tipo de destino”.
“Me sorprende y realmente la palabra podría ser hasta de indignación que se desestime una investigación más profunda con el debido respeto de derecho de defensa en el Senado, con semejante cúmulo de pruebas”, dijo Virué.
“Para mí, la cuestión de los fondos reservados es contundente – continuó el ex funcionario de Urribarri – porque salen de Contaduría y Tesorería y después de alguna manera se lo pretende maquillar en el Superior Tribunal como partidas Protocolares, cuando son otra cosa. Los gastos protocolares son todos absolutamente verificables”.
Enseguida, cuestionó que Mizawak “pretenda rendir 4 millones de pesos simplemente con la firma de un recibo que dice que lo recibió. Me parece realmente un agravio a la ciudadanía entrerriana”, remató.Incompatibilidades: sociedades comerciales
En su extenso dictamen acusatorio, los legisladores opositores concluyeron que Mizawak incurrió en una incompatibilidad entre diciembre de 2007 y julio de 2008 al poseer acciones en Emprendimientos A. y M. S.A., en sociedad con su marido, Raúl Arroyo, secretario de Energía. Virué planteó que “si bien es cierto que el dictamen dice que no hay ningún tipo de vinculación societaria acreditada con el exgobernador (Sergio Urribarri)”, le llamó la atención el “conflicto de intereses” que se revela en el caso de las empresas en la que aparecen familiares de Mizawak con empresarios beneficiados con la obra pública.
Tal es el caso, dijo Virué, del “marido (Raúl Arroyo) y la hija (Eugenia Ormache) de la presidenta del Superior Tribunal” que “integran sociedades con empresarios que son los que han tenido la mayor cantidad adjudicación de obra pública de los últimos años”.
Más tarde, el expresidente del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos reiteró haberle llamado “poderosamente la atención” la “cerrada negativa” del bloque de diputados del FPV para enjuiciar a Mizawak. “Si todo lo que dice el dictamen, que está probado por instrumentos públicos, -recibos de entrega de fondos reservados, informes de Inspección General de Justicia- no es prueba para el bloque del Frente para la Victoria, mi partido, realmente no sé qué es lo que pretenden, cuál es la prueba de estos hechos”, se preguntó Virué.
El plan de impunidad
Consultado puntualmente, Virué dijo que le cuesta creer que el oficialismo haya empujado el juicio político al suspendido presidente de la Sala de Procedimientos Penales del STJ, Carlos Chiara Díaz, y defendido a la presidenta del alto cuerpo, Claudia Mizawak, para que ciertos dirigentes investigados, imputados o procesados por hechos de corrupción, se mantengan impunes.
— Cambiemos piensa que esto tendría que ver con el proceso a Chiara Díaz, que se lo quiere remover de la Sala Penal del STJ. ¿Usted lo ve así?— Me cuesta creer. Para que la Sala Penal intervenga en este tipo de cuestiones faltan muchísimas instancias. Primero, está la investigación preliminar, después eventualmente ir a juicio oral, la sentencia del Tribunal de Juicio es recurrible por vía de Casación ante la Cámara de Casación y recién después podría intervenir el Superior Tribunal de Justicia. Desde ese punto de vista, no le veo demasiada lógica a que la salida de Chiara Díaz apunte a ubicar a alguien afín para una cuestión de esta naturaleza. Sería muy aventurado pensarlo en este momento. Sí me parece que acá hay una gravedad mayor incluso de la que se le endilga a Chiara Díaz.
Está muchísimo más acreditado que la presidenta del Superior Tribunal dice que va a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y después se cruza en BuqueBus a la República Oriental del Uruguay y vuelve por el puente internacional en los días en que teóricamente estaba cumpliendo funciones relacionadas con su papel de presidenta del Superior Tribunal en la ciudad de Buenos Aires, en Mendoza o Formosa.En su dictamen, Cambiemos detalla un caso particular: Mizawak firmó amparos estando a miles de kilómetros de la provincia. Sucedió el 30 de septiembre de 2015, ese día la presidenta del STJ puso su firma en dos amparos contra Iosper, siendo que se encontraba en España desde el 25 de septiembre de 2015 hasta su regreso, el 12 de octubre del mismo año.
Ese dato tampoco dejó pasar Virué. “La firma a distancia no esta prevista todavía”, advirtió y pidió a los diputados del FPV “que digan en qué legislación provincial se habilitó la firma de un dictamen a distancia”. Enseguida, explicó que la firma a distancia está permitida en el caso de la firma digital, la cual es insertada en cierta documentación siempre y cuando esté habilitada por la legislación.
Disconforme por la resolución del oficialismo en la Cámara Baja, Virué cerró su análisis del dictamen opositor con un tono más reflexivo acerca de la veracidad de las pruebas en un proceso como el que se cayó este miércoles: “uno no puede desconocer los instrumentos públicos, puede relativizar las declaraciones de Chiara Diaz en ejercicio de su defensa material, pero no puede decir que los instrumentos públicos no existen si existen. Y lo que dicen es que es una presunción de veracidad”.
12/1/2017 – El exsecretario de Justicia, Rubén Virué, integró la larga lista de quienes adhirieron a la denuncia por mal desempeño contra la presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ) Claudia Mónica Mizawak. Luego de la sesión de este miércoles, en la que la mayoría del Frente para la Victoria (FpV) rechazó acusar a la jueza, el exfuncionario dialogó con Entre Ríos Ahora. Virué repasó algunos de los puntos centrales del dictamen acusatorio del bloque de Cambiemos y expresó indignación con su partido por la desestimación de la prueba colectada, que comprometía a la magistrada.
Incompatibilidades: sociedades comerciales