El secretario de Justicia de la provincia, Rubén Virué, sostuvo que debería tomarse nota de la denuncia de los abogados penalistas sobre presuntas escuchas ilegales de teléfono, a fin de “promover la acción de oficio, por lo menos para dejar al resguardado la posibilidad de la existencia de un hecho de esta naturaleza”. De ese modo, el funcionario tomó distancia de la postura del procurador general, Jorge García, quien calificó de “vagas” las denuncias y dijo que sería competencia de la Justicia federal. Además Virué recordó que los medios técnicos facilitan la obtención de información para determinar si efectivamente los teléfonos son intervenidos clandestinamente.
El caso de las presuntas escuchas telefónicas a abogados penalistas del foro local que había circulado desde el viernes en el ámbito de la Justicia, ahora es motivo de conversaciones en Casa de Gobierno y la Legislatura, según dice el sitio Página Judicial.
Este martes se conoció un pedido de informes del bloque de diputados radicales solicitando al Poder Ejecutivo cualquier información acerca de “qué medida realizó, por intermedio del Ministerio de Gobierno u organismo, para investigar o en su caso aclarar la grave denuncia” de un grupo de penalistas enrolados en el Instituto de Derecho Penal Procesal Penal y Criminología del Colegio de Abogados de Entre Ríos.
La Secretaría de Justicia reaccionó ante la preocupación de los profesionales del derecho que hicieron público el caso ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) y la entidad que los aglutina.
El titular de la cartera de Justicia reveló que tomó contacto con Marciano Martínez, uno de los firmantes de la nota. El llamado fue el sábado. “Desde la Secretaría ofrecimos toda la colaboración de las autoridades institucionales, apuntó.
Una vez presentada la nota por los denunciantes, el STJ le corrió vista a la Procuración General, pero su titular, Jorge García, le quitó entidad a la cuestión por entender que se trata de un hecho en “grado de sospecha”.
Para el funcionario provincial “el procurador no le dio entidad a la denuncia porque no hay una determinación de los autores, sino una cuestión genérica”.
Virué dio cuenta de los procedimientos para intervenir teléfonos, pero en el marco de una investigación penal: “Las intervenciones la hace la Secretaría de Inteligencia en el ámbito Federal y la Policía en la provincia”.
Se diferenció del titular del Ministerio Público Fiscal al decir que “podría tomarse la noticia para promover la acción de oficio, por lo menos para dejar al resguardado la posibilidad de la existencia de un hecho de esta naturaleza”. “Es que lo que hizo el Superior Tribunal al correrle vista al procurador”, añadió.
Virué dijo que en la información dada a conocer por los abogados “no hay una determinación específica, pero creo que sería saludable que se avance para ver si esto existe”. “Hoy los medios técnicos permiten un escaneo de las líneas telefónicas y determinar si hay una orden de intervención o no. No es un tema complejo en términos técnicos”, opinó.
La acción penal sólo puede hacerla la Procuración General. Entre los abogados que hicieron público el caso, al menos en el caso de Martínez, creen que es suficiente la información dada a conocer. (Fuente: Página Judicial)
